Un informe de la Guardia Civil señala a un alto cargo de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, por ordenar la retirada de material clave antes de su análisis judicial.
La investigación apunta a una orden interna en ADIF
La Guardia Civil ha identificado a un alto cargo técnico de ADIF como la persona que habría ordenado retirar pruebas esenciales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.
Según el informe remitido al juzgado, la instrucción partió del subdirector de Operaciones de Mantenimiento del gestor ferroviario, organismo dependiente del Ministerio que dirige Óscar Puente.
Lo más grave: la orden se habría transmitido de forma verbal, sin respaldo documental, a través de la cadena jerárquica interna.
Retirada de material clave antes del control judicial
Los hechos se remontan a los días inmediatamente posteriores al accidente. Entre el 22 y el 23 de enero de 2026, operarios comenzaron a retirar elementos dañados en la vía, incluyendo:
- Fragmentos de la aguja ferroviaria
- Tramos de carril deformados
Semanas después, se produjo una segunda intervención aún más controvertida: la sustitución de varios tramos de vía —los llamados “cupones”— en la zona del siniestro.
Según el testimonio recogido por los investigadores, algunos de esos elementos no presentaban defectos aparentes, lo que aumenta las sospechas sobre la finalidad de la actuación.
Testimonios que cuestionan la legalidad de la orden
El jefe de base encargado de ejecutar los trabajos declaró que no recibió ninguna justificación técnica concreta para llevar a cabo la sustitución.
Más aún, llegó a afirmar que interpretó que la actuación “no tenía respaldo legal”, una expresión que los investigadores consideran especialmente relevante.
Este punto refuerza la hipótesis de que se actuó sin las garantías necesarias en un escenario que ya estaba bajo investigación judicial.
Problemas en la cadena de custodia
El informe también detalla el traslado del material retirado:
- En la noche del 27 al 28 de marzo, una dresina transportó 15 cupones
- Fueron llevados a una base de mantenimiento en Hornachuelos
- Inicialmente se almacenaron en una nave sin control de acceso ni vigilancia adecuada
Posteriormente, el material tuvo que ser precintado bajo supervisión policial, lo que evidencia fallos graves en la cadena de custodia.
Este aspecto es clave, ya que cualquier alteración o manipulación puede comprometer la validez de las pruebas.
Un elemento crítico: la preservación de la escena
En accidentes ferroviarios, los elementos de la vía son fundamentales para reconstruir lo ocurrido.
La retirada o manipulación de estas piezas antes del análisis pericial introduce un problema serio:
puede impedir conocer con exactitud las causas del siniestro.
Los investigadores subrayan que estas actuaciones se realizaron antes de que el material estuviera plenamente bajo control judicial, lo que agrava la situación.
La justicia abre nuevas líneas de investigación
La titular del juzgado de instrucción de Montoro ha incorporado el informe como pieza separada dentro de la causa.
Aunque por ahora no se establece una calificación penal, el documento deja fijados elementos clave:
- Existencia de una orden interna
- Transmisión verbal y jerárquica
- Intervención sobre material crítico del accidente
- Posibles fallos en la custodia de pruebas
Todo ello abre la puerta a futuras diligencias para depurar responsabilidades.
Un caso que salpica al Ministerio de Transportes
El hecho de que la orden proceda de un alto cargo dentro de ADIF sitúa el foco político sobre el Ministerio de Transportes.
Aunque no hay imputaciones formales en este momento, el caso plantea interrogantes incómodos:
- ¿Quién autorizó realmente la actuación?
- ¿Se intentó modificar o condicionar la investigación?
- Qué controles existen sobre empresas públicas en situaciones críticas?
¿Error técnico o posible encubrimiento?
La clave ahora será determinar si la retirada del material responde a un error de procedimiento o a una actuación deliberada con consecuencias más graves.
Lo que ya ha quedado claro es que la gestión de la escena del accidente presenta serias irregularidades.
¿Estamos ante un fallo administrativo o ante un caso que podría escalar a responsabilidades penales?
