Soldaduras bajo sospecha: nueva rotura en el AVE Madrid-Barcelona

La CIAF investiga un posible fallo técnico tras el caos en una línea clave

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a un fallo en una soldadura como principal hipótesis detrás de la rotura de vía detectada en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona a la altura de L’Espluga de Francolí (Tarragona), un incidente localizado una semana después de la tragedia de Adamuz, según información publicada por RTVE.

La rotura de carril fue detectada por un maquinista el 25 de febrero. Como consecuencia, la circulación en ese tramo quedó limitada a 80 km/h, muy por debajo de los hasta 300 km/h que puede permitir la infraestructura. El resultado fue inmediato: retrasos acumulados durante varios días en una de las líneas más demandadas del país. Una semana después, tras nuevas incidencias, Adif optó por suprimir los trenes de última hora para ejecutar labores de mantenimiento.

Para confirmar la hipótesis del fallo de soldadura, la CIAF ha enviado a laboratorio los fragmentos de carril de Tarragona junto con los recogidos en el caso de Adamuz. Ese análisis sigue pendiente de que la jueza que instruye la tragedia logre designar, tras casi un mes de búsqueda, peritos ferroviarios que cotejen trabajos sobre piezas de raíl y una soldadura consideradas clave para reconstruir lo ocurrido la tarde-noche del 18 de enero.

La comisión mantiene almacenados 200 kg de carril de Adamuz. Según fuentes conocedoras de los trabajos citadas por RTVE, el análisis de laboratorio podría prolongarse hasta tres meses desde su inicio.

El foco: documentos dudosos y control opaco de las soldaduras

La CIAF centra su atención en las soldaduras después de detectar ‘incongruencias en cuanto al control de las versiones’ en los informes finales y actas de soldaduras del tramo de Adamuz. En una carta remitida el 19 de febrero a la Guardia Civil, a la que tuvo acceso RTVE, el presidente de la CIAF advierte: ‘No se puede saber con exactitud qué parte del documento ha sido modificada y en qué momento’. Añade que hay multitud de firmas que no son manuscritas ni electrónicas, lo que genera dudas sobre su validez.

La carta subraya además que muchas firmas serían una imagen escaneada de una firma manuscrita, un formato que considera fácilmente manipulable. En paralelo, los técnicos detectaron indicios de fatiga en la parte inferior del carril accidentado, que sospechan pudo contribuir a que el raíl derecho se volcase hacia fuera y agravase el descarrilamiento del tren Iryo.

Adamuz se ralentiza: burocracia, peritos y más datos

La investigación del caso de Adamuz avanza más lentamente de lo previsto, según fuentes del caso. A los tiempos judiciales y la selección de peritos se suma que los técnicos incorporan cada vez más datos y testimonios. Entre las últimas diligencias, la CIAF ha solicitado a la Junta de Andalucía las llamadas gestionadas por el 112 relacionadas con el accidente.

Las roturas de vía preocupan a la comisión, hasta el punto de consultar a colegas de Japón por un sistema implantado allí que detecta automáticamente estas incidencias, aunque por ahora no habría alertado de ninguna, según las fuentes citadas.

Además, los investigadores están entrevistando a los familiares de las víctimas para evaluar la atención recibida, una tarea también encomendada a la CIAF. La comisión busca emitir recomendaciones para evitar que se repita un descarrilamiento como el del Iryo y también ha hablado con los empleados que iban a bordo.

Análisis Zero Censura: el AVE, propaganda cara y mantenimiento bajo sospecha

El patrón que deja este episodio es políticamente incómodo: una red que se vende como emblema de modernidad y potencia logística, pero que cuando falla expone el punto débil más básico: mantenimiento, control y trazabilidad. Si las actas de soldadura presentan versiones incongruentes y firmas de validez discutible, el problema ya no es solo técnico: es de gobernanza y de responsabilidades.

En un país donde el transporte ferroviario se utiliza a menudo como escaparate de gestión, cada limitación a 80 km/h en un corredor preparado para 300 km/h retrata una realidad menos brillante: la de un sistema que puede convertir una incidencia en un colapso operativo con impacto directo en miles de pasajeros, mientras la investigación se atasca entre juzgados, peritos y plazos.

La cuestión de fondo es si el Estado y sus gestores están priorizando la seguridad y el control real o la narrativa. La CIAF pone el foco donde duele: soldaduras, documentación y posibles fallos de verificación. Y cuando la documentación clave genera dudas, la confianza pública se rompe al mismo ritmo que el carril.