En apenas un mes podría entrar en vigor el nuevo proceso de regularización masiva impulsado por Pedro Sánchez, que las autonomías gobernadas por el PP consideran una operación política para pagar favores a los socios del Ejecutivo a costa de todos los españoles.
La decisión del Gobierno de regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular ha provocado un choque frontal con las Comunidades Autónomas del Partido Popular, que acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en riesgo la estabilidad de los servicios públicos —sanidad, educación y vivienda— y de utilizar la reforma como un arma política en plena negociación con sus aliados parlamentarios.
Según fuentes de Génova consultadas por Libertad Digital, todas las autonomías del PP han presentado nueve alegaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, para intentar frenar la medida. Aun así, el Gobierno prevé aprobarla de forma definitiva en un mes, una vez el Consejo de Estado emita su informe, que no es vinculante.
Un reparto desigual del impacto: privilegios para los socios y presión para el resto
Aunque la regularización afectará también a comunidades como Cataluña o el País Vasco, el PP denuncia que estas regiones están blindadas económicamente gracias a los acuerdos bilaterales que Pedro Sánchez ha firmado con ERC y PNV en materia de financiación.
Además, el Ejecutivo negocia que el catalán o el euskera sean requisitos lingüísticos para obtener los permisos, lo que en la práctica desviaría a la mayoría de solicitantes hacia otras comunidades, especialmente las gobernadas por el PP. Madrid ya ha anunciado un recurso judicial.
Cifras muy superiores a las reconocidas: hasta tres millones de nuevos residentes
El Gobierno calculó inicialmente 500.000 regularizados, pero informes de la Policía Nacional elevaron esa cifra a 1,2 millones de beneficiarios directos, a los que habría que añadir sus familiares por procesos de arraigo, alcanzando entre dos y tres millones de personas.
El think tank Funcas estima 850.000 regularizaciones directas, más sus familias.
Un volumen que, advierten los expertos, supera la capacidad real de cualquier Estado del bienestar europeo y que tendrá repercusión inmediata en:
- Sanidad
- Educación
- Vivienda social
- Servicios de asistencia
- Censo electoral
Varios países de la UE ya han mostrado preocupación por el efecto llamada que esta regularización podría provocar en todo el espacio Schengen.
Las nueve alegaciones del PP: colapso, falta de controles y opacidad
Entre los principales argumentos que el PP ha trasladado al Gobierno destacan:
- Oposición al trámite urgente, que evita controles y consultas obligatorias.
- Ausencia de datos fiables sobre el número total de regularizados.
- Incompatibilidad con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
- Falta de evaluación individualizada de cada solicitante.
- Incapacidad del Gobierno para garantizar comprobaciones reales de antecedentes.
- Riesgo cierto de colapso de los servicios públicos en los próximos meses.
- Ausencia total de coordinación con las CCAA; no se ha convocado la Conferencia Sectorial.
- Vulneración del principio de jerarquía normativa respecto al régimen sancionador.
- Proceso de regularización sin exigir ni contrato de trabajo ni certificado penal, solo una declaración responsable.
El PP exige retirar el Real Decreto y sustituir el modelo por un sistema basado en criterios objetivos, reforzar los mecanismos de expulsión y mejorar la verificación documental y policial.
Impacto electoral: el cambio del censo en el medio plazo
A los regularizados se suman los beneficiarios de la Ley de Nietos, que permitiría obtener la nacionalidad a 2,3 millones de personas, incorporándolas al censo.
Muchos inmigrantes regularizados podrán votar en municipales por convenios bilaterales, y más adelante, una vez nacionalizados, en autonómicas y generales.
Según el PP, esto demuestra que el Gobierno está utilizando la regularización como herramienta de ingeniería electoral para reforzar su futuro político.
