La investigación judicial contra Begoña Gómez entra en su fase decisiva tras dos años de instrucción, con un informe que apunta a múltiples indicios de presunto tráfico de influencias vinculado a su posición como esposa del presidente.
El juez da por cerrada la investigación y prepara el juicio
La causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado se encamina hacia la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras dos años de investigación, el magistrado considera que existen indicios suficientes de hasta cuatro posibles delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, que se habría sustentado en su condición de “mujer del presidente”.
Una docena de indicios que apuntan a la influencia institucional
En su última resolución, el juez recoge una docena de indicios que, a su juicio, refuerzan la hipótesis de que la posición de Gómez en el entorno de Palacio de la Moncloa habría facilitado su actividad profesional.
Entre los elementos señalados destacan:
- Reuniones en La Moncloa con responsables universitarios
- Creación acelerada de una cátedra en la UCM
- Designación de su dirección académica sin proceso habitual
- Uso de recursos institucionales para fines privados
- Apoyos a proyectos empresariales vinculados a su entorno
La cátedra de la UCM en el centro de la investigación
Uno de los puntos clave del caso es la creación de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, vinculada al proyecto de transformación social impulsado por Gómez.
Según la investigación, responsables universitarios habrían interpretado que la iniciativa respondía a una petición directa relacionada con su posición como “la mujer del presidente”, lo que habría acelerado los trámites.
El juez sostiene que el proceso no siguió los cauces habituales y que incluso se habría detectado la ausencia de revisión curricular inicial.
Reuniones en Moncloa y vínculos con empresarios
Otro de los elementos señalados es la relación entre encuentros en Moncloa y el respaldo institucional a proyectos empresariales vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés.
El magistrado apunta a una posible coincidencia entre reuniones en el complejo presidencial y cartas de apoyo emitidas desde el entorno universitario, lo que refuerza la sospecha de influencia indirecta.
Uso de recursos públicos en la gestión del proyecto
La investigación también pone el foco en el papel de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y en el uso de medios institucionales para la gestión de la cátedra.
Según el juez, se habrían empleado canales oficiales de la Presidencia del Gobierno para tareas vinculadas a una actividad de carácter privado, lo que añade un elemento de controversia institucional.
El núcleo de la acusación: influencia derivada del cargo
El instructor sostiene que varias decisiones administrativas y académicas habrían estado condicionadas por la posición institucional de Gómez como esposa del presidente.
Entre los elementos destacados:
- Creación y estructura de la cátedra
- Interlocución con instituciones públicas
- Apoyos académicos y empresariales
- Rapidez inusual en los procedimientos
Un caso con fuerte impacto político
La causa se ha convertido en uno de los asuntos judiciales de mayor impacto político en España, al situar bajo escrutinio directo el entorno más cercano del presidente del Gobierno.
La apertura del juicio oral parece inminente, lo que elevará aún más la tensión política y mediática en las próximas semanas.
¿Influencia institucional o actividad académica legítima?
La clave del proceso será determinar si las actuaciones investigadas constituyen un uso indebido de la posición institucional o si forman parte de una actividad académica legítima dentro del ámbito universitario.
El juez considera que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio, pero será el tribunal quien determine la responsabilidad penal.
