Supremo cita a Alvise el 26 de enero por acoso
Declaración voluntaria tras la querella de dos eurodiputados
El Tribunal Supremo ha citado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, el 26 de enero para declarar de forma voluntaria por la querella presentada por dos eurodiputados de su candidatura a las europeas de 2024, por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.
El instructor, el magistrado Manuel Marchena, lo acuerda en una providencia después de que el propio Alvise trasladara su disposición a comparecer voluntariamente.
Antes, este lunes declaran como testigos Diego Adrián y Nora Junco, los denunciantes. En un auto de diciembre, el Supremo abrió diligencias para investigar los hechos y citó a ambos para esta mañana.
La denuncia: presión en redes, datos personales y miedo
Según expuso el Supremo al abrir esta causa en octubre, los querellantes hablan de una ‘continua campaña de hostigamiento’ en redes por mensajes atribuidos a Alvise en su canal de Telegram y en un pódcast. También sostienen que se difundieron ubicaciones, hasta el punto de que llegaron a ‘temer por su integridad física’.
Afirman que, tras filtrarse correos electrónicos, teléfonos y perfiles de redes, recibieron una cantidad ‘ingente’ de mensajes ofensivos y amenazantes, lo que les habría provocado una ‘continua sensación de inseguridad’ y cambios de rutinas. El tribunal recoge que cerraron perfiles, limitaron respuestas, dejaron de atender llamadas de desconocidos y empezaron a recibir ‘miles’ de correos con insultos y amenazas.
Cuatro frentes abiertos en el Supremo: el retrato de una legislatura judicializada
Con esta investigación, Alvise suma cuatro causas en el Alto Tribunal. Además de la querella por acoso y revelación de secretos, figura una por presuntos delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa atribuida al entonces ministro de Sanidad y hoy presidente catalán, Salvador Illa.
Otra causa se centra en una supuesta financiación ilegal por la presunta entrega de 100 000 euros por parte del empresario CryptoSpain para la campaña de las europeas. Y un cuarto litigio deriva de mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, que Alvise enmarcó en la ‘crítica política’ y la ‘libertad de expresión’.
Lectura política: la batalla por el relato entre tribunales y redes
El caso vuelve a colocar en el centro el choque entre activismo político digital, control del discurso público y el uso de los tribunales como escenario de confrontación. Mientras la acusación describe acoso y exposición de datos, la defensa previsiblemente insistirá en el marco de la crítica política y la libertad de expresión que ya ha alegado en otros procedimientos. El 26 de enero será una fecha clave para medir hasta dónde pretende llegar el Supremo en una causa que, por su componente mediático y su impacto en redes, promete más ruido que silencio.
