El Gobierno abre el trámite presencial y carga contra ayuntamientos
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido la colaboración de todas las administraciones en el proceso extraordinario de regularización de migrantes, cuyo plazo para solicitarlo de forma presencial arranca este lunes y exige cita previa. En una entrevista en La Hora de La 1, Saiz ha denunciado ‘obstáculos’ por parte de algunos ayuntamientos a la hora de tramitar el procedimiento.
Preguntada por los consistorios gobernados por el PP, que ha mostrado su rechazo a la medida, Saiz ha asegurado que el partido de Alberto Núñez Feijóo ‘en su boicot al procedimiento de regularización está solo’ y que ‘da la espalda a miles de ciudadanos’, además de a la Iglesia católica, sectores empresariales y a más de 900 entidades vinculadas a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa esta regularización. Pese a las críticas, la ministra sostiene que el proceso ‘va a seguir adelante’.
El informe de vulnerabilidad, el punto de fricción
Saiz ha explicado que, en algunos casos, los solicitantes deben presentar un informe de vulnerabilidad. No deben aportarlo quienes sean solicitantes de protección internacional, quienes hayan tenido contrato u ofertas de trabajo, quienes vayan a emprender o ser autónomos, ni quienes acrediten redes familiares (hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado).
Ese informe puede descargarse en la web y ser visado por servicios sociales, ayuntamientos y entidades colaboradoras en extranjería. Aquí, según Saiz, es donde se están ‘encontrando obstáculos’ porque algunos consistorios estarían poniendo trabas que, en su relato, no se dirigen al Gobierno sino a ‘ciudadanos que tienen esperanzas’.
Choque político y relato: ‘todo va con normalidad’
Frente a quienes cuestionan si el Ejecutivo ha puesto suficientes medios, Saiz afirma que el procedimiento está ‘absolutamente dimensionado’, es ‘perfectamente asumible’ y que ‘todo va con normalidad’. Añade que ‘muchas entidades’ se han ofrecido a colaborar y que el ministerio ha contactado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover encuentros y reclamar coordinación interadministrativa.
La ministra ha defendido que la mayoría de servidores públicos, ‘independientemente del color del Ayuntamiento’, están trabajando y ha puesto como ejemplo Aragón, donde este fin de semana se habrían emitido informes de vulnerabilidad ‘contraviniendo a quienes decían no lo dieran’.
Análisis crítico: presión sobre los municipios y batalla por el culpable
El mensaje del Gobierno apunta a un patrón clásico: cuando una política polémica se topa con fricciones operativas, el Ejecutivo traslada la responsabilidad a la administración más cercana al ciudadano, el ayuntamiento. En la práctica, el requisito de cita previa y la tramitación del informe de vulnerabilidad convierten a los consistorios en pieza clave, y cualquier cuello de botella se traduce en tensión política inmediata.
Mientras Saiz acusa al PP de ‘boicot’, la oposición puede interpretar el movimiento como una forma de cargar sobre los municipios el coste político y burocrático de una medida que el propio Gobierno impulsa. El choque, por tanto, no es solo técnico: es un pulso por el relato sobre quién bloquea, quién ejecuta y quién asume el impacto de la regularización extraordinaria.
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