El extesorero sitúa el inicio del seguimiento en el verano de 2013
Luis Bárcenas ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen que en el verano de 2013 su mujer, Rosalía Iglesias, le trasladó que se sentía vigilada, aunque ella creía que ‘eran periodistas’ y no ‘un dispositivo de carácter policial’. El procedimiento investiga un presunto operativo parapolicial, atribuido a la cúpula del Ministerio del Interior de entonces, para sustraer al extesorero documentación supuestamente comprometida para el partido.
Durante su testimonio, Bárcenas también ha explicado por qué contrató en 2013 al chófer Sergio Ríos, que posteriormente habría sido captado por la trama como confidente para espiar a sus jefes. Según ha relatado, estando él en prisión, su mujer le trasladó dudas sobre el comportamiento del chófer y el matrimonio decidió prescindir de sus servicios a comienzos del año siguiente.
Las penas que pide la acusación particular y los acusados en el banquillo
El matrimonio Bárcenas ejerce la acusación particular y solicita 41 años de cárcel para los principales acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez. Además, otros ocho acusados se sientan en el banquillo, entre ellos Sergio Ríos, para quien la familia Bárcenas pide 33 años con la agravante de abuso de confianza. También están acusados varios miembros de la cúpula policial de 2013 y el excomisario José Manuel Villarejo.
Una semana clave: Rajoy y Cospedal, citados para el jueves
Ni Bárcenas ni Iglesias han presenciado las declaraciones previas para evitar que su testimonio quedara condicionado. Una vez finalicen sus intervenciones, podrán asistir al resto de sesiones, incluidas las declaraciones previstas para el jueves de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
ANÁLISIS CRÍTICO
El caso Kitchen vuelve a poner el foco en una cuestión incómoda para cualquier democracia: si se confirma que se usaron recursos del Estado para vigilar y obtener material sensible al margen de los cauces legales, estaríamos ante un ejemplo de politización de las estructuras de seguridad con consecuencias devastadoras para la confianza institucional. En paralelo, el juicio también retrata la batalla interna por el control de daños en plena crisis del PP por Gürtel: no se discute solo qué ocurrió, sino quién mandaba, quién sabía y quién miró hacia otro lado.
En las sesiones se han ido describiendo episodios vinculados a la presunta operativa, como el seguimiento a Rosalía Iglesias —que, según el relato, llegó a detectar y denunciar—, el allanamiento del taller de pintura de Iglesias para sustraer documentos (reconocido en instrucción por el excomisario Enrique García Castaño, finalmente eximido por salud), y el volcado en una cafetería de Madrid de tres dispositivos supuestamente sustraídos por el chófer y después devueltos. Este lunes también está prevista la declaración de Manuel Morocho, investigador principal de Gürtel, que denunció presiones para cambiar informes y eliminar nombres relevantes, como el de Cospedal.
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