El humo de un nuevo plan en medio de elecciones
A pocos días del inicio de la campaña electoral en Andalucía, el Consejo de Ministros se apresta a anunciar un nuevo plan de vivienda 2026-2030, con una dotación de 7 000 millones de euros. Sin embargo, muchos se preguntan si esta es otra de las numerosas promesas vacías de un Gobierno que ha mostrado poco compromiso real con la problemática de la vivienda en España.
Un historial de anuncios fallidos
Desde su llegada al poder en 2018, Pedro Sánchez ha realizado anuncios grandilocuentes relacionados con la vivienda, comenzando por la promesa de 20 000 viviendas en 4 a 6 años, una medida que ha quedado prácticamente en un parque público de alquiler estancado. Cuatro años después, el número de viviendas protegidas alcanzadas sigue siendo insignificante.
El entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometió en febrero de 2021 24 000 viviendas para alquiler social, que nunca se materializaron. Incluso se elevó la apuesta a 100 000 viviendas en construcción mediante colaboración público-privada, una estrategia que, tras la salida de Ábalos, también fue olvidada.
Los constantes cambios de gestión, como el reciente nombramiento de Isabel Rodríguez y la creación de la empresa pública Casa 47, rara vez han traducido en mejoras palpables. En octubre de 2022, otro anuncio de 12 000 viviendas en Madrid apenas emocionó a unos ciudadanos ya escépticos. Los discursos enérgicos de Sánchez frecuentemente se topan con el crudo despertar de la realidad de un mercado inmobiliario que sigue siendo inaccesible para muchos.
Promesas electorales o soluciones reales
En la frenética carrera hacia las elecciones autonómicas, municipales y nacionales de 2023, Sánchez lanzó una nueva ofensiva: movilizar 50 000 viviendas de la Sareb, financiar 43 000 viviendas asequibles y construir 20 000 más. Sin embargo, estas promesas resuenan como ecos de un pasado lleno de incumplimientos y decepciones.
La vivienda ha sido durante mucho tiempo un arma electoral utilizada por el PSOE, pero a medida que el tiempo avanza, la que en teoría debería ser una prioridad gubernamental se convierte en un lastre que el Ejecutivo no logra levantar.
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