El BOE confirma que a finales de abril entra en vigor el primer diploma estatal que certifica el dominio de la Lengua de Signos Española, abriendo oportunidades laborales y académicas.
Primer sistema oficial para validar la Lengua de Signos
España dará un paso histórico en inclusión social con la entrada en vigor del Real Decreto 262/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), destinados a certificar de forma oficial el nivel de competencia de personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas y oyentes.
El decreto, aprobado el 7 de abril por el Consejo de Ministros, permitirá que cualquier ciudadano obtenga un diploma homologable en todo el territorio, válido para oposiciones, empleo público y ámbitos profesionales o académicos. El sistema establece seis niveles de certificación, siguiendo la escala A1-C2 usada en idiomas extranjeros, garantizando así un marco homogéneo y reconocible.
Una necesidad histórica cubierta
Hasta ahora, España carecía de un sistema estatal unificado que validara oficialmente la competencia en Lengua de Signos, limitando el acceso de personas con discapacidad a empleos públicos y oportunidades académicas. Con el nuevo decreto, se busca reducir barreras y promover igualdad de oportunidades, bajo la supervisión del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, encargado de garantizar la calidad, fiabilidad y correcta aplicación de los exámenes.
El Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, asumirá la gestión administrativa y económica de las pruebas, mientras que los diplomas se expedirán en nombre del ministerio de Educación. Se prevé la colaboración con entidades externas para garantizar la accesibilidad y objetividad de las pruebas, siguiendo criterios europeos de evaluación de lenguas de signos.
Implicaciones sociales y profesionales
Este sistema oficial abre la puerta a que miles de personas puedan acceder a puestos de empleo público, programas académicos y formación profesional donde se requiere dominio de la Lengua de Signos Española. Además, sienta un precedente en políticas de inclusión, marcando un modelo que podría replicarse en otros ámbitos lingüísticos y educativos.
Aunque la medida es positiva, expertos advierten que el éxito dependerá de la correcta implementación y supervisión, evitando que la certificación se quede en un trámite burocrático sin impacto real en la integración laboral y social de las personas con discapacidad auditiva.
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