Testimonios en el Supremo apuntan a contrataciones en empresas públicas vinculadas al exministro José Luis Ábalos, con sueldos cobrados sin funciones claras y ascensos polémicos.
El juicio del “caso mascarillas” gira hacia los presuntos enchufes
Las primeras sesiones del juicio del llamado “caso mascarillas” han derivado hacia un asunto políticamente explosivo: las contrataciones de dos mujeres vinculadas al exministro de Transportes José Luis Ábalos en empresas públicas dependientes de su propio departamento.
Los testimonios han situado en el centro a Jésica Rodríguez y Claudia Montes, esta última conocida como Miss Asturias 2017, cuyos pasos por Ineco, Tragsatec y LogiRail han sido descritos ante el tribunal con funciones difusas, absentismo y trato preferente.
Lejos de centrarse únicamente en los contratos millonarios de material sanitario, las declaraciones han dibujado un patrón de presunto enchufismo político en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.
Jésica Rodríguez: sueldo público y “a la espera” de instrucciones
La propia Jésica Rodríguez reconoció ante el tribunal que cobró un salario público en Ineco y posteriormente en Tragsatec, pero que se mantuvo “a la espera” de que Koldo García o su hermano le indicaran qué hacer.
Entró en marzo de 2019 como auxiliar administrativa, con un sueldo de algo más de 1 100 euros, aunque según los testimonios no acudió a trabajar. Sus partes se limitaban a señalar que realizaba “tareas administrativas para Joseba”, sin verificación interna.
El exsubdirector administrativo de Adif, Ignacio Zaldívar, admitió ante el tribunal que la consideraba una empleada “especial” por sus contactos con el ministro. Además, reconoció que Ábalos trasladó quejas sobre el trato que recibía Rodríguez, que llegaron a las empresas públicas a través de Isabel Pardo de Vera.
Cuando terminó su etapa en Ineco, la contratación en Tragsatec se produjo con la intervención directa de Zaldívar, quien pidió personalmente su currículum para facilitar su recolocación. Las conversaciones intervenidas por la UCO apuntan además a dificultades para “encajarla en algún sitio”, aunque el propio Zaldívar afirmó no recordarlo.
Miss Asturias y los “libros de trenes”
La segunda figura clave del juicio es Claudia Montes, Miss Asturias 2017, quien relató que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y le comentó su situación de desempleo. Poco después, fue contratada por LogiRail, filial de Adif.
Según su propia declaración, no podía trabajar en la oficina asignada porque no tenía mesa ni escritorio, por lo que decidió acudir a la biblioteca de Oviedo durante el horario laboral para leer “libros sobre trenes” relacionados con el proyecto.
El entonces director gerente, José Ángel Méndez, aseguró que detectó absentismo laboral y comenzó un expediente disciplinario que podía acabar en despido. Sin embargo, antes de concluirlo fue cesado.
Su sustituto, Óscar Gómez Barbero, no solo paralizó el expediente sino que ascendió a Montes a supervisora, justificando que trabajaba en la promoción de trenes turísticos y que el espacio físico no era adecuado.
La propia Montes defendió su desempeño y afirmó que podía demostrar que acudía a trabajar mediante publicaciones en redes sociales de sus desayunos a las cuatro o cinco de la madrugada.
Trato preferente y presión política en empresas públicas
Los testimonios han señalado una cadena de comunicaciones que implicaría a responsables públicos:
- Quejas trasladadas desde Ábalos
- Comunicación a Isabel Pardo de Vera
- Intervención posterior de Ignacio Zaldívar
- Ajustes o recolocaciones en empresas públicas
Zaldívar llegó a admitir ante los magistrados que Rodríguez era “especial” por su relación con el ministro, una afirmación que refuerza la tesis de trato preferente dentro de la administración pública.
Un juicio que amenaza con escalar políticamente
El foco judicial se ha desplazado hacia posibles enchufes políticos, con contrataciones sin funciones claras, salarios públicos sin actividad acreditada y ascensos tras expedientes por absentismo.
El próximo 15 de abril está citada a declarar Isabel Pardo de Vera, cuyo testimonio podría esclarecer hasta qué punto el ministerio intervino directamente en estas contrataciones.
El desarrollo del juicio puede tener consecuencias políticas relevantes, especialmente si se confirma que empresas públicas fueron utilizadas para colocar a personas vinculadas al entorno del poder.
El caso abre una cuestión incómoda para el Gobierno y para el PSOE: ¿se trató de decisiones administrativas normales o de un sistema de enchufes financiado con dinero público?
