La UDEF incauta dispositivos y documentos del exalto cargo tras la querella de Anticorrupción por supuestas comisiones para anular sanciones fiscales.
Registro policial tras la querella de Anticorrupción
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, exalto cargo del Ministerio de Hacienda y considerado el “número tres” de María Jesús Montero, tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho.
El registro fue autorizado por la magistrada Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, y se llevó a cabo el 11 de febrero en un domicilio situado en la urbanización Parquesol (Valladolid).
Durante varias horas, los agentes inspeccionaron el inmueble e incautaron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y documentación en papel.
Investigación por supuestas comisiones para archivar pleitos fiscales
La querella de Anticorrupción investiga si Marco Sanjuán habría cobrado comisiones ilegales de empresarios a cambio de anular sanciones tributarias millonarias desde el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).
Este organismo resuelve recursos de grandes contribuyentes frente a la Agencia Tributaria, lo que le otorga un papel clave en litigios fiscales de alto importe.
Según las pesquisas, el exalto cargo habría intervenido en expedientes relevantes y determinadas resoluciones favorables no responderían únicamente a criterios técnicos, sino a pagos económicos presuntamente irregulares.
Sobres con dinero y encuentros en cafeterías
La investigación incluye un episodio en el que un empresario habría entregado 100 000 euros a cambio de anular una reclamación fiscal.
Según la documentación, los pagos se realizaban en encuentros concertados en cafeterías cercanas al despacho oficial, con cambios de horario y ubicación.
En mensajes recogidos en la causa, el exalto cargo habría indicado que el dinero no era solo para él, sugiriendo la posible participación de más personas.
Los investigadores tratan ahora de reconstruir el flujo económico, identificar el destino final del dinero y determinar si hubo reparto de comisiones.
Más registros y análisis de dispositivos
Además del domicilio principal, la Policía ha registrado otras propiedades vinculadas al investigado.
Los agentes trabajan en dos líneas:
- Análisis del material incautado
- Elaboración del informe policial económico
El objetivo es localizar comunicaciones, transferencias o documentación que acrediten los presuntos pagos y posibles conexiones con terceros.
Reacciones políticas y respaldo del Gobierno
El caso ha provocado reacciones políticas inmediatas. Pese a la querella de Anticorrupción, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha mantenido su respaldo público al exalto cargo y ha calificado las informaciones de “mentiras” y “fango”.
Desde la oposición, dirigentes del PP y VOX han pedido explicaciones y han vinculado el caso a la credibilidad del sistema fiscal.
La investigación judicial continúa y deberá determinar si existieron pagos a cambio de resoluciones fiscales favorables y si hay más implicados en la supuesta trama.
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