Dos años después de su aprobación, la Ley 7/2023 sigue siendo letra muerta en muchos municipios, poniendo en evidencia la incapacidad de los ayuntamientos para aplicar políticas de bienestar animal.
La norma existe, pero los municipios no actúan
España conmemora el segundo aniversario de la Ley 7/2023, que establece obligaciones claras para la protección y bienestar animal. La normativa introdujo medidas como la identificación obligatoria mediante microchip, endurecimiento de sanciones de hasta 200 000 euros y la obligación de controlar colonias de gatos callejeros mediante programas CER (captura, esterilización y retorno).
Sin embargo, la aplicación práctica de la ley depende de los ayuntamientos, y la realidad es que muchos municipios siguen sin implementar programas estructurados. Esto deja la gestión de colonias felinas en manos de voluntarios y asociaciones, repitiendo un modelo de improvisación que la ley buscaba erradicar.
Consecuencias del incumplimiento
La falta de planificación genera efectos negativos inmediatos: crecimiento descontrolado de colonias, nuevas camadas, animales más vulnerables y conflictos vecinales recurrentes. Además, se produce el denominado “efecto vacío”, donde retirar gatos sin control poblacional permite que nuevas colonias ocupen rápidamente el espacio, perpetuando el problema.
Según Juan Manuel Taboada, CEO de Meow Metrics, “lo que hay que hacer está perfectamente definido. El reto está en transformar esa obligación legal en una política pública sostenible”. La clave, añade, es datos geolocalizados y coordinación administrativa que permitan pasar de una gestión reactiva a una planificación efectiva.
De la responsabilidad del activismo a la institucional
Durante años, la gestión de colonias felinas dependió del activismo y voluntariado, pero la Ley 7/2023 cambió el paradigma: ahora los ayuntamientos tienen la obligación legal de controlar las colonias y asegurar el bienestar de los animales. Sin embargo, la ejecución sigue siendo desigual, evidenciando la falta de estructura y compromiso de muchos consistorios.
Expertos advierten que el simbolismo de la ley ha dado paso a la necesidad de responsabilidad institucional: sin acción concreta, la normativa se queda en buenas intenciones, mientras los gatos y la convivencia urbana sufren las consecuencias.
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