De crisis geopolítica a oportunidad para el campo y la ganadería

El cierre del estrecho de Ormuz ha tensado el mercado global de fertilizantes nitrogenados y ha disparado precios y costes en el campo. En España, que importa el 60% de los fertilizantes que utiliza, el golpe ya se traduce en un sobrecoste estimado de 3 millones de euros al día mientras dure el bloqueo. Resultado: lo que hasta ayer se señalaba como problema —purines y estiércoles— emerge ahora como la alternativa más competitiva para abonar cultivos y recortar dependencia exterior.
Ormuz: el cuello de botella que pone a Europa contra las cuerdas
Del Golfo Pérsico sale aproximadamente una tercera parte de los fertilizantes nitrogenados del mundo. Países como Irán o Arabia Saudí exportan el 43% de la urea mundial, el 44% del azufre y el 23% del amoniaco, ingredientes básicos para sostener un modelo agrícola global que depende de insumos fabricados a partir de gas natural. Según la FAO, sin estos fertilizantes la producción global de alimentos caería un 50% y uno de cada dos habitantes sufriría inseguridad alimentaria.
Lo que en Bruselas y en muchos gobiernos se trataba como una cuestión técnica ha vuelto a su sitio: geopolítica pura. Y como casi siempre, la factura llega primero a quienes menos pueden pagarla, especialmente en países menos desarrollados, mientras en Europa se constata la fragilidad de un sistema agrícola hiperdependiente de importaciones.
La ganadería española, en el centro del tablero
La COAG advierte de un encarecimiento de entre 80 y 250 euros por hectárea en cultivos como maíz, trigo, arroz y hortalizas. En paralelo, el déficit abre una oportunidad que la organización califica de histórica: que la ganadería española asuma un papel de proveedor estratégico de fertilización, con materia prima local y continua.
España cuenta con unas 140 000 explotaciones ganaderas y una cabaña que produce un volumen enorme de nutrientes orgánicos: 34 millones de cerdos, 7 millones de vacas y 17 millones de ovejas y cabras. Sus purines y estiércoles contienen nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K), los nutrientes esenciales para las plantas, equivalentes a los fertilizantes sintéticos que ahora escasean. Según explica Jaume Bernis, responsable de ganadería de COAG, la alternativa pasa por fertilizantes orgánicos con estiércol y purines compactados con restos de poda como estructurante.
De residuo caro a negocio: excrementos convertidos en euros
Hasta ahora, el purín porcino se trataba como un desecho que cuesta retirar y gestionar: alrededor de 2,5 euros por metro cúbico. Pero el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) estima que su valor agronómico podría estar entre 5 y 7 euros por metro cúbico. En la práctica, el mercado está empujando a convertir un coste en una línea de ingresos, especialmente en zonas con alta concentración de granjas como Cataluña, Aragón, Murcia y Castilla y León.
La COAG cifra que una granja intensiva media con 2 000 cerdos genera unos 3 500 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a 32 000 kilos de urea. Ese volumen tendría un valor económico en el mercado de fertilizantes de unos 25 000 euros y, tras descontar gestión, podría dejar al ganadero cerca de 15 000 euros anuales. Escalado al conjunto del sector porcino, el potencial superaría los 250 millones de euros al año.
El estiércol también entra en juego: el de ovejas y cabras destaca por su riqueza en nutrientes; el de vacuno y el de aves (gallinaza) aporta nitrógeno, según dieta. Además, su gran ventaja es aportar materia orgánica, mejorando aireación del suelo y retención de agua.
La traba política: el tope europeo y la petición a Agricultura
Más allá del precio, hay un debate incómodo: el regulatorio. La normativa europea limita la aplicación de fertilizante orgánico a 170 unidades de nitrógeno por hectárea, cuando cultivos como maíz, alfalfa, trigo y algunas hortalizas requieren entre 200 y 250. Ese diferencial se cubría con fertilizantes minerales, precisamente los que ahora escasean y se han encarecido cerca de un 50% por el conflicto en Oriente Medio.
Bernis plantea que el Ministerio de Agricultura flexibilice el tope al menos un 40%, hasta 230 o incluso 250 unidades por hectárea, como ya han hecho Irlanda, Dinamarca, Austria, Alemania o Países Bajos. El argumento es doble: menos dependencia del exterior y una mejor gestión de recursos que también podría impulsar biogás y biometano, alternativas locales al gas natural del que España carece en su subsuelo.
Suelo degradado: el elefante en la habitación
El debate no es solo económico. Según el CSIC, el 43% del territorio muestra signos de degradación. Reincorporar materia orgánica es una vía eficaz para restaurar productividad y capacidad de secuestro de carbono, es decir, la fertilidad. Dicho sin eufemismos: el campo español necesita soluciones reales, no consignas, y la crisis de Ormuz ha dejado al descubierto lo caro que sale depender de cadenas globales frágiles.



