Caso VPP Alicante: 15 investigados y dimite Rocío Gómez
La jueza cita a la exconcejala y a altos cargos por Les Naus
La jueza que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante ha citado como investigadas a 15 personas. Entre ellas figura la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió a finales de enero tras hacerse público que fue una de las adjudicatarias de la promoción bajo sospecha, el residencial Les Naus en Playa de San Juan.
La providencia de la magistrada titular del juzgado de instrucción (plaza número 5) del Tribunal de Instancia de Alicante incluye también a María Pérez-Hickman, exdirectora municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actual jefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, además de Roberto Palencia, responsable de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Les Naus, el epicentro: expedientes bajo lupa y un posible conflicto de intereses
Según el relato incorporado al procedimiento, Roberto Palencia fue quien tramitó los pisos ofertados en Les Naus, señalado como epicentro de la presunta trama. Palencia, siempre según la información conocida, habría admitido a un superior que la había ‘cagado’ al destaparse irregularidades en numerosos expedientes y que una de las viviendas terminó en manos de su pareja, que además trabaja como arquitecta municipal.
En la nueva fase de la investigación, prevista entre mayo y junio, deberán declarar también como investigados el administrador de la promotora de Les Naus, un funcionario de la Conselleria de Vivienda (jefe de sección de Vivienda Protegida) y varios adjudicatarios. La jueza quiere escuchar, además, a siete personas más en calidad de testigos.
ANÁLISIS CRÍTICO: cuando la vivienda pública se convierte en moneda política
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: la vivienda pública se vende como política social, pero si los controles fallan (o se relajan), el sistema se convierte en un atajo para enchufes, favoritismos y redes de influencia. Y cuando eso ocurre en una promoción construida sobre suelo municipal, el daño no es solo reputacional: es un golpe directo a la confianza de los ciudadanos que cumplen las reglas y se quedan fuera.
La polémica ha sacudido al Ayuntamiento y al alcalde ‘popular’ Luis Barcala, que pidió ‘disculpas’ y calificó lo ocurrido de ‘escándalo’ en un pleno extraordinario que ha derivado en una comisión de investigación ya instalada esta semana. La pregunta política incómoda, más allá de las dimisiones y los comunicados, es evidente: ¿cómo se permitió que una promoción de VPP acabara bajo sospecha de irregularidades sin que saltaran antes las alarmas administrativas?
Por su parte, Rocío Gómez sostuvo al dimitir que se inscribió en la cooperativa antes de entrar en política y que daba un paso atrás para que la investigación siguiera su curso ‘sin interferencias’. También aseguró haber facilitado la información requerida para despejar dudas. Ahora será la instrucción judicial la que determine responsabilidades, pero el coste político ya está en marcha: la vivienda pública es un tema demasiado sensible como para que se gestione con opacidad o con la mínima sospecha de trato de favor.
