Ve indicios de negligencia en funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica y cuestiona la reparación previa al derrumbe que dejó seis fallecidos.
La juez señala al Ministerio como responsable del mantenimiento
La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander ha acordado dirigir la investigación contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, por el colapso de la pasarela de la playa de El Bocal que provocó seis fallecidos el pasado 3 de marzo.
En el auto, la magistrada sostiene que la Administración central era “la única responsable” de garantizar la conservación y mantenimiento de la infraestructura, al tratarse de obras no finalizadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento.
La resolución aprecia “serios indicios de un posible actuar negligente” en la gestión del mantenimiento.
La reparación de 2024 pudo ser “insuficiente”
Uno de los puntos clave del auto judicial es la reparación realizada en el verano de 2024, que se limitó a elementos de madera, pese a que un informe de la Policía Científica detectó que los componentes metálicos estaban completamente oxidados.
La juez considera que esta actuación “pudo resultar insuficiente”, lo que refuerza los indicios de negligencia en el mantenimiento.
Los investigados son:
- El jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas
- El director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014
Por ahora no se les atribuye delito concreto, pero la investigación penal continúa.
Obras sin finalizar y pasarela abierta al público
El auto judicial destaca que la pasarela formaba parte de un proyecto iniciado en 2012 que nunca se terminó:
- El primer contrato se resolvió por desistimiento
- El proyecto de finalización de 2016 no se aprobó
- El Ayuntamiento no recepcionó la infraestructura
Pese a ello, la pasarela permaneció abierta al público desde 2014 sin restricciones, lo que, según la magistrada, refuerza la responsabilidad de Costas.
Además, un informe de mayo de 2024 ya advertía del mal estado de la estructura, lo que llevó a una reparación parcial en julio.
También se investiga la actuación del Ayuntamiento
Aunque la juez atribuye el mantenimiento al Ministerio, también recuerda que el Ayuntamiento de Santander tenía potestad de seguridad en espacios públicos.
Por ello, analiza si el consistorio debió acotar o precintar la pasarela si el deterioro era visible.
La investigación busca determinar:
- Si el riesgo era perceptible antes del derrumbe
- Si existían avisos previos
- Si hubo falta de señalización o cierre
Nuevas diligencias y testimonios
La magistrada ha ordenado:
- Ampliar el informe pericial técnico
- Recabar fotografías previas al colapso
- Tomar testimonios de usuarios habituales
- Citar a testigos que alertaron del riesgo
Entre ellos:
- Dos ciclistas que avisaron del accidente
- Un vecino que llamó al 112 el día anterior
- Policía local y agentes que inspeccionaron la zona
- Una vecina de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte
Un caso con impacto político
La decisión judicial sitúa el foco en la gestión del Ministerio de Transición Ecológica, al considerar que la infraestructura no estaba finalizada pero sí abierta al público.
El auto refuerza la hipótesis de que el colapso pudo evitarse con un mantenimiento adecuado o con el cierre preventivo.
La investigación sigue abierta para determinar responsabilidades penales y civiles por una tragedia que dejó seis muertos.
¿Negligencia administrativa o cadena de fallos institucionales que acabó en tragedia?
