La documentación confirma que la mano derecha de Santos Cerdán actuaba en coordinación con el entorno de Koldo García Izaguirre, el hombre de confianza de Ábalos y Cerdán.
La trama conocida como la cloaca del PSOE sigue destapando vínculos cada vez más comprometedores para el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuevos documentos, revelan que Leire Díez, estrecha colaboradora de Santos Cerdán, mantuvo una coordinación constante con el entorno jurídico de Koldo García Izaguirre, el hombre para todo de José Luis Ábalos y del propio Cerdán.
En los registros, se recoge que Díez llegó a exigir la presencia del abogado de Koldo en las reuniones con confidentes. Un fragmento de los textos revela: “Me pide de nuevo que cambie de abogado para ella así poder llevar la estrategia de Ábalos, Koldo y la mía”. En otro pasaje, se detalla cómo Díez intentó organizar un encuentro en el despacho del abogado de Koldo, maniobra que finalmente fue rechazada: “Leire pretendía que en esa reunión estuviera presente el abogado de Koldo, Leire y yo. Al mantenerse el encuentro en un punto distinto, ella asumió ser la interlocutora entre el despacho y mi persona”.
Conexión con Fiscalía, Policía y Guardia Civil
Los documentos no solo apuntan a la coordinación con el equipo de Koldo, sino que también revelan que la llamada cloaca del PSOE ofrecía favores y contactos directos con la Fiscalía, la Policía Nacional y la dirección de la Guardia Civil. En un encuentro del 10 de marzo de este año, según las actas, se llegó a señalar expresamente esa vinculación: “Fiscalía, CNP o la directora de la Guardia Civil”.
El problema es aún más grave, pues tanto la Fiscalía como la Guardia Civil dependen de la estructura de Gobierno: Álvaro García Ortiz, fiscal general procesado; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y la propia directora de la Guardia Civil, nombrada por el Ejecutivo.
El PP reclama explicaciones
La oposición ya ha exigido transparencia. El Partido Popular ha reclamado el contenido del pendrive de Leire Díez y la ha citado en el Senado para el próximo 29 de septiembre. Consideran que los documentos son la prueba de que existía una “unidad de acoso y derribo” contra jueces, fiscales, agentes de la UCO e incluso periodistas que investigaban casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno de Sánchez.
Aunque los papeles no acreditan que todos los ofrecimientos se materializaran, sí evidencian un uso de cauces presuntamente ilegales al más alto nivel, difícil de entender sin el conocimiento —y posiblemente la autorización— del propio Gobierno.
La sombra de la cloaca socialista se extiende y la implicación política apunta cada vez más hacia La Moncloa.
