El primer informe apunta a fallos de mantenimiento de ADIF, mientras Transportes demora datos esenciales para la investigación judicial.
El primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales, confirma que la principal línea de investigación se centra en un fallo en las infraestructuras ferroviarias, lo que apunta directamente al gestor público ADIF y, por extensión, al Gobierno de Pedro Sánchez.
El informe revela además que la Benemérita no ha podido avanzar al ritmo necesario porque documentación clave solicitada al Ministerio de Transportes no fue entregada hasta casi tres semanas después del siniestro.
Documentación pendiente pese a la gravedad del caso
En su informe fechado el 5 de febrero, 19 días después del accidente, los investigadores detallan que aún no disponían de información esencial para descartar o confirmar las distintas hipótesis. En concreto, la Guardia Civil señala:
“El estudio de la documentación solicitada, y que en gran parte aún no ha sido entregada, impide descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación”.
Entre los elementos aún pendientes aparecen:
- los datos almacenados en las RJU (Registros de Jornada y Uso),
- la autorización para análisis de soldaduras y rieles,
- la designación de peritos judiciales,
- y materiales técnicos cuya entrega corresponde al Ministerio de Transportes.
La falta de colaboración ágil del departamento dirigido por Óscar Puente complica la investigación y retrasa la depuración de responsabilidades.
Fallo en la vía, la hipótesis principal
El informe confirma que los investigadores consideran como causa más probable un problema en la vía, lo que incluiría:
- rotura del riel o de una soldadura,
- mala ejecución de trabajos previos,
- falta de supervisión preventiva,
- o insuficiente detección de riesgos en el mantenimiento.
La Guardia Civil lo expresa de forma contundente:
“Se investiga si la falta de medidas preventivas o de supervisión impidió detectar la presencia de algún riesgo en la vía”.
El sistema de control de ADIF, bajo sospecha
El informe también destaca un elemento especialmente sensible:
las cámaras de ADIF no captaron el momento del accidente, lo que impide una reconstrucción directa del siniestro.
Este fallo en el sistema de control sorprende después de que el ministro Puente presumiera públicamente de inversiones superiores a 3.000 millones de euros en sistemas de vigilancia ferroviaria.
Las víctimas denuncian “ocultación de pruebas”
La gestión posterior al siniestro ha generado indignación entre los afectados. Las familias de Adamuz ya han denunciado:
- retirada de materiales sin autorización judicial,
- opacidad en el acceso a información técnica,
- y posibles irregularidades en la custodia de pruebas.
Por ello, los damnificados se han constituido en asociación para personarse en la causa.
Un caso que avanza despacio, con consecuencias políticas y judiciales
La demora en la entrega de documentos clave, sumada a la posible responsabilidad por fallos de mantenimiento, sitúa al Gobierno bajo una creciente presión política y judicial.
La investigación avanza, pero no sin obstáculos:
“Actualmente no se puede descartar ninguna línea de investigación”, insiste la Guardia Civil, que pide plena colaboración del Ministerio para completar los análisis técnicos.
La tragedia de Adamuz se perfila así no solo como un desastre ferroviario, sino como una crisis institucional sobre la gestión de infraestructuras críticas y la transparencia del Ejecutivo.
