El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, dio en 2024 su visto bueno al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El órgano fiscalizador afirma que los órganos de decisión “aplicaron un procedimiento adecuado”, en lo que el Ejecutivo socialista presenta como un blindaje técnico para justificar el uso de cientos de millones de euros de dinero público.
Sin embargo, el respaldo técnico del Tribunal de Cuentas se produce en medio de investigaciones judiciales activas, con solicitudes de reapertura de causas y pesquisas abiertas por presuntas irregularidades en ambos rescates, dejando en el aire si la presunta limpieza administrativa coincide con la realidad material y política de estas operaciones.
Rescates polémicos y cifras millonarias
Los rescates son de enorme envergadura:
- Air Europa recibió 475 millones de euros provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por SEPI.
- Plus Ultra fue rescatada con 53 millones de euros en fondos públicos, a pesar de formar una porción mínima del tráfico aéreo español y de las dudas sobre su viabilidad.
Ambos casos están siendo investigados judicialmente. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha solicitado a la UCO que valore si el rescate de Air Europa debe reabrirse, y la juez titular del Juzgado nº 15 de Madrid instruye el caso de Plus Ultra desde el ámbito penal.
El informe del Tribunal de Cuentas: ¿ciencia administrativa o coartada técnica?
El documento al que ha tenido acceso este diario —el llamado “Informe de fiscalización de la actuación de SEPI en la concesión de ayudas del FASEE”— asegura que:
- SEPI cumplió con los requisitos de elegibilidad de las ayudas.
- El criterio de “empresa estratégica” se aplicó conforme a normas de la Unión Europea y a los criterios interpretativos del Marco Temporal.
- Existió un procedimiento interno de decisión consistente con la normativa, incluyendo informes y verificaciones por parte de asesores externos.
El informe incluso destaca que los mecanismos de control aplicados —como garantías y obligaciones de información por parte de las empresas beneficiarias— fueron “recomendados por los asesores externos” y verificados por SEPI.
Puntos técnicos que levantan dudas
No obstante, el Tribunal de Cuentas apenas reprocha una insuficiencia: que SEPI no acreditó debidamente el envío mensual de información al Ministerio de Hacienda sobre las operaciones del FASEE, algo que la normativa exige expresamente.
Este punto, aparentemente menor en un informe favorable, pone en evidencia que ni siquiera los procedimientos internos exigidos por Hacienda se respetaron por completo, lo que alimenta las críticas por falta de rigor real en la fiscalización del gasto público.
“Procedimiento adecuado”: ¿técnico o político?
El informe insiste en que las decisiones se tomaron bajo el principio de los “cuatro ojos”, es decir, con intervención de múltiples verificadores antes de llegar al Consejo Rector que aprobó los expedientes.
Pero esta defensa formal de procedimiento técnico contrasta con la percepción pública de que los rescates fueron decisiones políticas —no puramente económicas— que beneficiaron a determinadas empresas en un contexto de relaciones políticas e institucionales opacas.
Preguntas que siguen sin responderse con claridad:
- ¿Por qué se rescataron empresas con dudas sobre su sostenibilidad real?
- ¿Se privilegió una coartada administrativa sobre la responsabilidad en el uso del dinero público?
- ¿Por qué SEPI no cumplió totalmente con la obligación de informar a Hacienda cuando la normativa lo exige?
Contexto judicial: investigación en marcha con posibles reaperturas
Mientras el Tribunal de Cuentas blinda técnicamente los rescates, la justicia penal sigue su camino. Las investigaciones sobre Air Europa y Plus Ultra no solo persiguen posibles delitos, sino que buscan esclarecer si existieron presiones políticas, favoritismos o decisiones que vulneran principios de gestión pública responsable.
Que el máximo órgano fiscalizador avale el procedimiento no significa que el uso de cientos de millones de euros del contribuyente esté libre de cuestionamientos ni de consecuencias legales.
