TJUE decide la inmunidad de Puigdemont: sin escaño
Un fallo con más ruido político que efectos reales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta este jueves sentencia sobre la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión llega con un dato clave: ninguno de ellos ocupa hoy un escaño en el Parlamento Europeo, por lo que el fallo se presenta sin consecuencias prácticas inmediatas en términos de actividad parlamentaria.
El caso nace del recurso presentado contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio para poder juzgarles en España por la causa del procés.
El abogado general marca el terreno: archivo para dos, interés para Comín
El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, recomendó el sobreseimiento para Puigdemont y Ponsatí por un motivo formal: al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024, ‘ya no tienen interés en ejercitar la acción’.
En cambio, Szpunar sí ve que el caso ‘sigue teniendo interés’ para Toni Comín, que se presentó, obtuvo votos para revalidar su escaño, pero no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución española por riesgo de detención. Aun así, el abogado general propone que el TJUE desestime el recurso.
La Eurocámara, avalada: imparcialidad, independencia y claridad
Szpunar sostiene que el Parlamento Europeo no vulneró los derechos de los recurrentes a un trato imparcial y equitativo cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, pese a pertenecer al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, formación personada en la causa del 1-O.
También entiende que la Eurocámara no quebró garantías al considerar que el suplicatorio pedido por el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la institución. Y rechaza que la decisión fuese confusa, al señalar que, una vez aprobado el suplicatorio, la Eurocámara suspendió la inmunidad en todos los Estados miembros, salvo en España.
España mantiene la presión judicial: el Constitucional y la orden de detención
Mientras en Bruselas se dirimen tecnicismos y procedimientos, en España el mensaje judicial es otro. El Tribunal Constitucional acordó el 27 de enero, por unanimidad, mantener la orden de detención nacional contra Puigdemont, con un resultado de 10 votos a favor y uno en contra (el del magistrado Ramón Sáez).
El trasfondo: la amnistía que aún espera sentencia europea
El TJUE también debe pronunciarse este año sobre la ley de amnistía, una sentencia todavía sin fecha y que puede condicionar la posible vuelta de Puigdemont. Aun así, el eventual regreso dependerá en gran medida de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre si el Tribunal Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.
ANÁLISIS CRÍTICO
El episodio vuelve a exponer un patrón ya conocido: el independentismo convierte el laberinto institucional europeo en un altavoz político, aunque el propio expediente reconozca que el fallo llega cuando no hay escaño que proteger. La discusión, más que sobre inmunidad parlamentaria efectiva, gira sobre el pulso entre la justicia española y la narrativa de ‘persecución’ que Junts intenta exportar a la UE.
En paralelo, el contraste entre el trámite europeo y la realidad española es evidente: en España sigue vigente una orden de detención nacional y el debate se desplaza a la amnistía y la malversación. El resultado: un caso que, pese a su escaso impacto práctico inmediato, mantiene alta tensión política y sirve para medir hasta qué punto las instituciones europeas se prestan a ser el escenario de una batalla interna española.
