Supremo ratifica prisión sin fianza para Ábalos y Koldo
El alto tribunal mantiene la medida por riesgo de fuga en el caso mascarillas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la prisión sin fianza del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García por el denominado caso de las mascarillas, al seguir apreciándose riesgo de fuga.
En dos autos conocidos a través de RTVE, la Sala de Apelaciones ha desestimado los recursos presentados por ambos contra la prisión provisional acordada el 27 de noviembre por el magistrado instructor Leopoldo Puente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que ya rechazó la semana pasada la puesta en libertad solicitada por las defensas.
Según la Sala, el riesgo de fuga sigue siendo alto por la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones, la solidez de los indicios y la inminencia del juicio oral. El tribunal que resuelve la apelación está integrado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena. Tanto la Fiscalía como la acusación popular unificada pidieron confirmar la prisión sin fianza.
ANÁLISIS CRÍTICO
El Supremo deja una foto política incómoda para el PSOE: un exministro de primer nivel y su exasesor continúan en prisión preventiva por un caso ligado a la etapa más oscura de la pandemia, cuando millones de españoles dependían de compras urgentes y contratos acelerados. Mientras algunos medios intentan rebajar el impacto a un mero trámite procesal, el alto tribunal subraya tres elementos que pesan: penas graves, indicios sólidos y juicio cercano.
Más allá de la batalla judicial, la decisión reabre el debate sobre la gestión y control del gasto público en plena emergencia: si el sistema detecta un riesgo real de fuga y aprecia indicios consistentes, la pregunta política es inevitable: ¿quién vigiló, quién firmó y quién respondió cuando el país compraba mascarillas a contrarreloj? El caso sigue en ampliación y el foco ahora se traslada a la fase previa al juicio, donde cada resolución irá marcando el coste institucional del escándalo.
