Mensajes borrados: el jefe de gabinete de Mazón vuelve a la jueza
Cuarta cita judicial por el móvil reseteado tras la dana
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón comparece este viernes por cuarta vez ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024. La magistrada ha citado a José Manuel Cuenca para intentar recuperar los mensajes del teléfono móvil que usó aquel día y que él mismo reseteó antes de devolverlo a la Generalitat en diciembre.
La diligencia llega tras el careo celebrado el lunes entre Cuenca y la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa. Durante más de dos horas, ambos ofrecieron versiones contradictorias sobre las dificultades para contactar con el entonces president y sobre la adopción de medidas como el confinamiento de la población.
La SIM del teléfono actual, clave para cotejar mensajes
La jueza ha citado a Cuenca a las 11:00 para analizar, junto con un técnico de la Generalitat, el teléfono usado el día de la dana y comprobar si se pueden recuperar sus comunicaciones. Para ello, le requiere aportar la tarjeta SIM del teléfono que utiliza actualmente e insertarla en el terminal antiguo, con el objetivo de acceder y cotejar los mensajes intercambiados aquella jornada.
La instructora también ha pedido a la Dirección General de Tecnología de la Generalitat que aporte un técnico para llevar a cabo este proceso. La citación se apoya en el ofrecimiento que el propio Cuenca realizó durante el careo del lunes, cuando expresó su conformidad para aportar dicha SIM.
Choque de relatos sobre el confinamiento
En sede judicial, Pradas ratificó que consideró a Cuenca una extensión del entonces president cuando recibió mensajes en los que se le advertía que ‘de confinar nada’. Añadió que se mantuvo firme en contemplar el confinamiento porque así lo preveía la ley de emergencias.
Cuenca, por su parte, sostuvo ante la jueza que no tenía competencias para ordenar un confinamiento y que, en su conversación por WhatsApp con la consellera, solo habló de consultar con un asesor de la Generalitat ante las dudas jurídicas que planteaba la medida.
Análisis crítico: transparencia, pruebas y responsabilidades
El caso vuelve a poner el foco en un punto incómodo para cualquier administración: la trazabilidad de las decisiones en una emergencia. En una investigación penal, el rastro documental y las comunicaciones oficiales no son un detalle: son el terreno donde se dirime la responsabilidad política y administrativa. Por eso la cuestión de un teléfono reseteado antes de ser devuelto y la necesidad de una cuarta comparecencia para intentar reconstruir mensajes alimenta el debate sobre transparencia y custodia de evidencias.
Lo relevante, a partir de aquí, será lo que la pericia técnica pueda o no pueda recuperar y cómo encaja con el choque de versiones tras el careo: si existió presión política contra el confinamiento, o si todo se limitó a dudas competenciales y consultas jurídicas. La jueza busca precisamente eso: separar el relato de los hechos verificables.
