Fuentes jurídicas consultadas por LD aseguran que el Gobierno estaría creando un relato para acusar al Tribunal Supremo de “lawfare” y blindar al presidente del Ejecutivo.
La causa judicial del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se ha convertido, según diversas fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en un supuesto “banco de pruebas” para crear un relato que desacredite al Tribunal Supremo y, de esta forma, dotar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una coartada con vistas a futuras investigaciones o peticiones de suplicatorio que pudieran afectarle.
El origen del caso García Ortiz
Álvaro García Ortiz, quien fuera fiscal general del Estado durante parte de la última legislatura, fue condenado en noviembre pasado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. La sentencia impuso una multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros y una inhabilitación especial para ejercer cargos fiscales durante dos años.
La condena se produjo en el contexto de un procedimiento por la filtración de datos relativos al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tras la sentencia, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, presentó un incidente de nulidad alegando vulneraciones de derechos, con la intención de abrir la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Un caso que “sirve al Ejecutivo”
Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital sostienen que el Ejecutivo socialista no está interpretando los hechos de manera aislada, sino que estaría utilizando el caso de García Ortiz como ejemplo para construir un discurso más amplio:
“El caso de García Ortiz está sirviendo al Ejecutivo socialista como banco de pruebas para desacreditar al Tribunal Supremo. Todo ello, con el objetivo de intentar librar de la justicia al presidente del Gobierno, su familia y su partido, ya que todas las causas de corrupción acabarán siendo estudiadas en el Alto Tribunal”, afirma una de las fuentes consultadas.
Según este criterio, el Ejecutivo estaría sembrando el terreno para poder esgrimir la acusación de que los magistrados del Supremo practican “lawfare” —uso de la justicia con fines políticos— en caso de que solicitaciones de suplicatorio llegaran al Congreso de los Diputados contra Sánchez o figuras próximas.
Lawfare como relato político
“El Gobierno socialista está creando el caldo de cultivo necesario para acusar al Supremo de hacer ‘lawfare’”, sostiene otra fuente jurídica.
“De esta forma, en el caso de que el Alto Tribunal pidiera el suplicatorio al Congreso para investigar oficialmente a Pedro Sánchez por alguno de los casos de corrupción que le acorralan, tendrían una coartada para rechazarlo en la Cámara baja y justificarlo alegando que los magistrados están prevaricando”.
Las mismas fuentes subrayan que los ataques desde el Ejecutivo al Supremo no son casuales sino que formarían parte de una estrategia planificada para “sortear una posible imputación de Sánchez en el futuro” y, en última instancia, blindar al presidente del Gobierno frente a posibles procesos judiciales.
La intervención pública de Sánchez y su entorno
El propio Pedro Sánchez ha defendido públicamente a García Ortiz en reiteradas ocasiones, antes, durante y después del juicio, calificándolo de “inocente” y destacando que había “defendido la verdad”. Llegó incluso a instar al Tribunal Constitucional, entonces presidido por Cándido Conde‑Pumpido, a “remendar” la sentencia del Supremo.
Estas declaraciones fueron consideradas por juristas como una injerencia en el Poder Judicial, al situarse el jefe del Ejecutivo en un terreno que tradicionalmente se mantiene al margen de la condena y valoración de resoluciones judiciales.
Reacciones políticas al fallo
En paralelo, miembros del Gobierno y de su entorno político cuestionaron la sentencia del Supremo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó el fallo como “infame” y criticó que hubiera tardado “20 días” en redactarse, mientras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, sostuvo que la sentencia “da más vergüenza que la propia condena”, algo que, según él, “no tiene cabida en un Estado de derecho”.
El indulto parcial como alternativa
Paralelamente, fuentes de Libertad Digital han señalado que el Ejecutivo está estudiando un indulto parcial para García Ortiz con el objetivo de rebajar su tiempo de inhabilitación y evitar su expulsión de la Carrera Fiscal. El Gobierno contempla dos vías:
- Recurso ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde‑Pumpido, para intentar que se anule o reduzca la condena.
- Indulto parcial aprobado por el Consejo de Ministros, que podría rebajar el periodo de inhabilitación a menos de seis meses y permitir que García Ortiz continúe en su carrera profesional.
Sánchez ha repetido en diversas ocasiones que confía en que el Constitucional “remendará” la sentencia, pero si esto no se produce, la segunda alternativa —el indulto parcial— sería la opción más probable para el Ejecutivo.
Conclusión
El caso de Álvaro García Ortiz ha trascendido su dimensión individual para convertirse en un elemento de debate político y jurídico de alcance nacional. Para sus críticos, se trata de un ejemplo de cómo el Gobierno pretende moldear la percepción pública de la Justicia y preparar un relato que pueda ser utilizado en beneficio de sus intereses políticos, incluido el del presidente Pedro Sánchez.
Mientras la causa sigue su curso y la posibilidad de nuevas impugnaciones continúa en los tribunales, el debate sobre la separación de poderes, la posibilidad de “lawfare” y el uso político de los procesos judiciales se intensifica en el seno de la vida pública española.
