La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan cerca de cuatro años de prisión. El proceso también alcanza a otros cuatro empresarios implicados en el entramado.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.
Según la resolución, González Amador habría defraudado a Hacienda un total de 350.951 euros mediante una trama de facturas falsas vinculadas a operaciones de intermediación en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Junto a él, también serán procesados otros cuatro empresarios acusados de participar en el entramado.
La acusación
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para todos los acusados penas cercanas a los cuatro años de prisión, al considerarlos cooperadores necesarios en delitos contra la Hacienda pública en concurso con falsedad documental.
A estas acusaciones se suman las presentadas por Más Madrid y el PSOE, que reclaman que se juzgue también por un delito contable continuado y por pertenencia a grupo criminal, ampliando así el alcance del procedimiento.
Rechazo a suspender el juicio
La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha rechazado este mismo lunes la petición de los abogados de González Amador de aplazar el juicio, al no apreciar causa suficiente para suspender el procedimiento. El empresario ya se había acogido a su derecho a no declarar en febrero, mientras se resolvían recursos pendientes sobre una pieza separada relativa a ingresos obtenidos de Quirón Prevención.
El origen de la investigación
El caso se abrió tras una denuncia de la Fiscalía, basada en un informe de la Agencia Tributaria que detectó gastos ficticios en facturas de diversas sociedades. Dichos documentos no reflejaban servicios realmente prestados y buscaban reducir de forma fraudulenta la cuota del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
Según los peritos de Hacienda, el fraude habría superado los 120.000 euros por ejercicio, cifra suficiente para ser considerada delito fiscal.
Reacciones políticas
La apertura del juicio ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político.
- Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, exigió a Ayuso explicaciones por haber defendido públicamente a su pareja.
- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, calificó el fraude fiscal de “robo a todos los españoles”.
- Desde el PSOE-M, Pilar Sánchez Acera recordó que “nunca hubo una operación de Estado”, sino un presunto fraude que ahora se juzgará.
- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, subrayó que “no hay insulto hiperbólico que pueda tapar esto”.
El proceso judicial se suma a la presión política sobre la presidenta madrileña, que deberá afrontar las críticas de la oposición en torno a su defensa pública de González Amador y a las dudas sobre la financiación de su patrimonio personal.
