El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros para la atención a menores migrantes no acompañados, con el objetivo de aliviar la carga de las comunidades autónomas, especialmente de Canarias, que ha sido uno de los principales puntos de llegada de menores no acompañados. La medida, anunciada este martes, se implementará mediante un Real Decreto que incluye controles y exige a las autoridades regionales la presentación de informes técnicos y de intervención para justificar la asignación de los fondos.
A través de esta subvención directa, el Gobierno central busca dar respuesta a las necesidades de los menores migrantes, en un contexto en el que las Islas Canarias han soportado una gran parte de la presión debido a su posición geográfica como punto de entrada a Europa. En este sentido, la medida también establece que el Gobierno de Canarias deberá remitir una evaluación específica sobre la igualdad efectiva entre niños y niñas, con un enfoque en las barreras sociales y las desigualdades detectadas en función de la edad y el género.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró la aprobación de los 100 millones, aunque recordó que esta medida solo cubre una parte de los gastos generados por la atención a los menores migrantes, que este año ha ascendido a 155 millones de euros. Aseguró que, con este nuevo desembolso, se cumple con el compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez de aportar al menos 100 millones de los 192 millones de euros que Canarias ha tenido que financiar con fondos propios.
Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, expresó que, aunque la medida es bienvenida, «llega mal y tarde». Cabello señaló que el dinero debió haberse transferido mucho antes, ya que, en lo que va del año, Canarias ha adelantado un total de 190 millones de euros para hacer frente a esta crisis.
Esta nueva transferencia se suma a los 40 millones de euros ya concedidos anteriormente, que representan el 90% del gasto del Gobierno canario para la atención a los menores migrantes no acompañados. La situación ha generado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que han solicitado un mayor apoyo financiero para poder hacer frente a la creciente llegada de migrantes a las costas españolas.
