La revelación de que ETA ya no figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde, al menos, 2023 ha desatado un terremoto político en España. Vox exige explicaciones urgentes a Bruselas y pone el foco directamente en las posibles maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez.
ETA no aparece en la lista europea de organizaciones terroristas desde julio de 2023. Vox exige a la Comisión Europea que aclare si el Gobierno de Sánchez intervino para favorecer a Bildu.
ETA desaparece del listado europeo: un movimiento silencioso con enormes consecuencias políticas
Según documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la banda terrorista ETA ya no figura en la lista consolidada de organizaciones terroristas de la UE desde julio de 2023.
Esta lista es revisada cada seis meses y aprobada por el Consejo Europeo, donde participan los gobiernos de los Estados miembro. Sin embargo, la desaparición de ETA no fue anunciada, no consta comunicación oficial y no existe explicación pública del Gobierno de España.
Lo inquietante es que ETA sí figuraba en revisiones anteriores, como la de julio de 2017, y dejó de hacerlo en algún punto de los últimos seis años, coincidiendo con un periodo de intensa dependencia parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez respecto a Bildu.
La banda se disolvió formalmente en 2018, pero la UE había mantenido su presencia en la lista por sus crímenes y por los cientos de asesinatos sin resolver.
Vox exige a Bruselas y a Sánchez que expliquen quién retiró a ETA y cuándo
Ante el evidente desconcierto entre las asociaciones de víctimas —como AVT y Dignidad y Justicia—, la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha presentado varias preguntas urgentes al Consejo Europeo.
El partido quiere saber:
- Si ETA sigue o no considerada organización terrorista por la UE.
- En qué fecha fue retirada exactamente, en caso de que no esté incluida.
- Quién impulsó ese movimiento, y si existe acta oficial donde conste la decisión.
El eurodiputado Jorge Buxadé advierte en su escrito:
“La ausencia de ETA en las últimas revisiones induce a pensar que el Consejo ya ha tomado esta decisión a propuesta del Gobierno de Sánchez”.
Vox denuncia, además, que no hay rastro informativo público, ni comunicación del Ejecutivo ni del Consejo, lo que aviva las sospechas de un gesto político opaco para facilitar acuerdos parlamentarios con Bildu, uno de los socios clave del actual Gobierno.
El precedente de Estados Unidos y la estrategia del Gobierno
Estados Unidos retiró a ETA de su lista de organizaciones terroristas en 2022, alegando que se trataba de un trámite burocrático sin relevancia práctica debido a su disolución.
Sin embargo, en el caso europeo, la ausencia de transparencia y el contexto político español pueden convertir una decisión técnica en una concesión simbólica de alto valor para Bildu.
En el Parlamento Europeo, diferentes grupos han advertido que medidas de este tipo pueden:
- Blanquear el pasado terrorista,
- Normalizar la presencia política de los herederos de ETA,
- Y deslegitimar la lucha de las víctimas, que aún esperan justicia por 379 asesinatos sin resolver.
Un borrado que reescribe la memoria de miles de víctimas
ETA dejó un rastro devastador:
- Más de 3 500 atentados,
- Cerca de 7 000 víctimas,
- 856 asesinados,
- 379 crímenes pendientes de esclarecer.
La ausencia de la organización en la lista europea supone, para muchas víctimas, una revictimización institucional y un riesgo para la preservación de la memoria democrática.
El Parlamento Europeo ya denunció en su momento el número alarmante de casos sin resolver y la falta de cooperación de los entornos políticos afines en el esclarecimiento de estos crímenes.
¿Un movimiento europeo o una concesión del Gobierno español?
Todo apunta a que la UE deberá pronunciarse en las próximas semanas, en cumplimiento del plazo reglamentario. Pero la presión política recae sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, obligado a explicar:
- Si intervino o no en la actualización de la lista.
- Si negoció con Bildu la retirada de ETA a cambio de su apoyo parlamentario.
- Por qué no informó a la ciudadanía ni a las víctimas del terrorismo.
La pregunta es inevitable:
¿Estamos ante un simple procedimiento administrativo o ante un pacto político que reescribe el pasado más oscuro de España?
