La UCO detecta cinco contratos públicos presuntamente manipulados por 132,9 millones de euros y pagos blanqueados a través de inversiones inmobiliarias en Melilla y Castellón.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ampliado la investigación sobre la presunta red de corrupción vinculada a Leire Díez, exmilitante socialista, imputando a otros seis altos cargos de empresas públicas controladas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La causa permanece bajo secreto de sumario.
Estos nuevos investigados se suman a Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del número dos del PSOE, Santos Cerdán, detenidos el pasado diciembre.
Los nuevos imputados ocupaban responsabilidades en ENUSA, Mercasa, PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) y SEPIDES, dependientes del conglomerado público estatal.
Una trama que operaba desde dentro: cinco contratos amañados por 132,9 millones
La investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la red, autodenominada “Hirurok” (“nosotros tres”, en euskera), habría manipulado al menos cinco adjudicaciones públicas por un valor conjunto de 132,9 millones de euros, desviando presuntas comisiones ilegales para blanquearlas en inversiones inmobiliarias de lujo en Marbella y Jaca.
Entre los contratos investigados figuran:
▪ 112,8 millones del rescate del Fondo de Solvencia (SEPI) a Tubos Reunidos
Otorgado en junio de 2021 pese a pérdidas superiores a los 100 millones.
▪ Una adjudicación de Mercasa a Servinabar
La empresa vinculada a Antxon Alonso y Santos Cerdán.
▪ Un contrato de ENUSA a Residuos de Melilla (REMESA)
▪ La concesión del PEPA a la empresa de derribos Erri Berri
Valorada en 2,8 millones, con una comisión ilegal estimada de 400.000 euros.
▪ Una ayuda de SEPIDES a Forestalia Arapallet por 17,32 millones
De la que la trama habría extraído 200.000 euros en comisiones.
Chats con mesas de contratación y advertencia del juez: “Caerán funcionarios”
La UCO ha localizado conversaciones entre los investigados y miembros de mesas de contratación, lo que indica una infiltración interna para favorecer a determinadas empresas. Pedraz ha advertido de que habrá más imputaciones, incluidas de funcionarios presuntamente cooperadores.
ENUSA y Acciona, en el foco: contratos inflados y un despacho interpuesto
Uno de los casos más relevantes afecta a ENUSA y a la multinacional Acciona. Según documentación del Juzgado Central de Instrucción nº6, Acciona buscaba hacerse con dos explotaciones gestionadas por ENUSA:
- una incineradora en Melilla,
- y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.
La UCO sostiene que la trama ideó un plan para facilitar estas operaciones y obtener beneficios ilícitos. Para ello, ENUSA habría contratado al despacho SDP Carrillo y Montes SLP, introduciendo un sobrecoste del 50% destinado a desviar fondos hacia sociedades vinculadas a Hirurok.
El despacho habría transferido 17.545 euros a Mediaciones Martínez, estructura usada por los investigados para canalizar presuntas comisiones.
La participación de Leire Díez, quien fue directora de comunicación de ENUSA entre 2018 y 2021, resulta clave: conocía la estructura interna y coincidiendo con directivos como Charo Arévalo, con quien mantenía tensiones internas.
Por qué hay imputados que no trabajan en la Administración
La gran incógnita era la presencia de tres investigados ajenos actualmente al sector público. La respuesta: seis nuevos imputados dentro de empresas estatales se han personado recientemente en la causa, lo que confirma que la red operaba con connivencia interna.
Una causa que hunde sus raíces en el caso Koldo
El origen de la investigación procede de la documentación encontrada en el móvil de Antxon Alonso durante las pesquisas del caso Koldo. Allí se hallaron indicios que llevaron a la UCO a la operación actual.
Otro elemento bajo escrutinio es la autorización del Gobierno para que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández se incorporase a Servinabar en mayo de 2021, tras mantenerle el puesto reservado 18 meses y con el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Pedraz acumula las causas más sensibles para Moncloa
El juez Pedraz ya instruye el caso hidrocarburos, que afecta al empresario Víctor de Aldama y podría salpicar al exministro José Luis Ábalos. Con la “trama Leire”, el magistrado suma otro procedimiento de enorme impacto político:
La investigación ya no se percibe como una pieza aislada, sino como parte de un entramado que amenaza con estrechar el cerco judicial sobre el Gobierno.
