El Consejo de Transparencia ordena a Moncloa identificar a las personas que acompañaron a Pedro Sánchez en vuelos pagados con recursos del Estado durante su estancia en la residencia oficial de La Mareta en agosto de 2025.
El Consejo de Transparencia fuerza a Moncloa a dar explicaciones
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que facilite información detallada sobre quiénes acompañaron a Pedro Sánchez en los vuelos realizados durante su estancia en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, durante agosto de 2025.
La resolución responde a una solicitud de acceso a la información pública registrada el 1 de septiembre de 2025, en la que se pedían datos concretos sobre reuniones, visitas y desplazamientos realizados por el presidente del Gobierno durante su periodo vacacional en dicha residencia estatal.
El organismo concluye que la identidad de los acompañantes en viajes financiados con recursos públicos forma parte de la información pública, por lo que debe ser facilitada por la Administración.
La solicitud: quién estuvo en La Mareta y quién voló con Sánchez
La petición de información incluía tres elementos clave relacionados con la estancia del presidente en la residencia oficial ubicada en Lanzarote:
- Listado de personas alojadas en La Mareta durante la estancia presidencial.
- Medios de transporte utilizados por Pedro Sánchez y sus acompañantes.
- Relación de vuelos realizados, con indicación de los pasajeros que viajaron en ellos.
Además, la solicitud reclamaba información sobre los desplazamientos realizados con cargo al contrato estatal de transporte, es decir, aquellos sufragados con recursos públicos del Estado.
Moncloa evitó responder dentro del plazo legal
Según recoge la resolución del organismo de control, la Administración no respondió dentro del plazo legal previsto por la ley de transparencia.
Tras presentarse una reclamación, Presidencia del Gobierno remitió finalmente una respuesta el 30 de octubre de 2025. En ella, el Ejecutivo se limitó a señalar que las actividades oficiales del presidente pueden consultarse en la agenda pública de Moncloa.
El documento también indicaba que el traslado del presidente a Lanzarote se realizó en aeronaves de las Fuerzas Aéreas y del Espacio, dependientes del Ministerio de Defensa, y que dichos medios se utilizaron para desplazamientos vinculados a actos oficiales durante ese periodo.
Asimismo, la respuesta oficial sostenía que no existía gasto relacionado con el transporte de personas ajenas a la Presidencia del Gobierno.
Transparencia considera que la información es incompleta
La persona solicitante denunció que la respuesta de Moncloa no incluía varios datos fundamentales.
En concreto, señalaba dos ausencias importantes:
- No se identificaban los acompañantes del presidente en los vuelos.
- No se detallaban los desplazamientos realizados con cargo al contrato estatal de transporte.
Tras analizar el caso, el Consejo de Transparencia concluyó que los datos solicitados forman parte de la información pública accesible, ya que están relacionados con el funcionamiento de las instituciones y el uso de recursos del Estado.
Moncloa deberá revelar los acompañantes de los vuelos
La resolución establece que la identidad de las personas que viajan con el presidente en vuelos financiados con dinero público debe hacerse pública, al tratarse de información vinculada a la actividad institucional.
No obstante, el organismo reconoce una excepción: los miembros del dispositivo de seguridad pueden quedar excluidos, ya que la divulgación de su identidad podría afectar a la protección del jefe del Ejecutivo.
Por ello, el Consejo ha estimado la reclamación y ordena a la Presidencia del Gobierno completar la información solicitada.
En concreto, Moncloa deberá entregar:
- La identidad de los acompañantes de Pedro Sánchez en los vuelos realizados durante su estancia en La Mareta.
- La relación de vuelos efectuados con cargo al contrato de transporte del Estado.
Diez días para cumplir o recurrir
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno dispone ahora de diez días hábiles para entregar la información requerida y remitir copia de la documentación al Consejo de Transparencia.
La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque el Ejecutivo aún puede recurrirla ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso-administrativo.
El caso vuelve a situar bajo el foco el uso de medios públicos por parte del Gobierno y la opacidad de ciertos desplazamientos oficiales, un asunto que genera creciente debate político en España sobre la transparencia y el control del gasto público.
