Hacienda alerta de irregularidades en contratos públicos vinculados al caso Koldo
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha encendido nuevas alarmas en torno al caso Koldo, la trama de presuntas mordidas en contratos públicos que salpica al entorno del exministro socialista José Luis Ábalos y al dirigente del PSOE Santos Cerdán.
El documento, remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, analiza once contratos públicos adjudicados por Adif y la Dirección General de Carreteras y detecta posibles irregularidades administrativas y económicas. Entre ellos destaca la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, una infraestructura clave que ya ha sido bautizada por algunos investigadores como el “puente de las mordidas”.
Los técnicos de Hacienda advierten de un incremento de 13,5 millones de euros en el coste de la obra, adjudicada originalmente por 71 millones a una UTE liderada por Acciona. Este aumento supone un 19,02 % más respecto al presupuesto inicial, un porcentaje que, según el informe, llama especialmente la atención por su proximidad al límite legal que evita la necesidad de una nueva licitación.
El puente del Centenario vuelve al centro de la investigación
La ampliación del puente del Centenario —que contempla pasar de cinco a seis carriles y sustituir los tirantes de la estructura— vuelve así a situarse en el epicentro de la investigación judicial.
Según informes previos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama habría gestionado mordidas para beneficiar contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Uno de los episodios más llamativos del sumario señala que Servinabar, una empresa navarra vinculada a Santos Cerdán, habría recibido 2 millones de euros por participar en la obra del puente pese a contar únicamente con un trabajador asignado al proyecto, que además sería el cuñado del propio dirigente socialista.
Estos datos han reforzado las sospechas de los investigadores sobre posibles comisiones irregulares y adjudicaciones bajo influencia política.
Modificaciones millonarias también en el Corredor Mediterráneo
El informe de Hacienda también examina otro contrato relevante adjudicado a Acciona: la construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, en el tramo Pulpí–Vera.
Tras la adjudicación, el contratista presentó reservas durante la comprobación del replanteo, lo que derivó en la tramitación de un proyecto modificado aprobado el 31 de julio de 2022.
El resultado fue un incremento adicional de 24 155 223 euros, equivalente a un 19,93 % más del importe de adjudicación.
Para los técnicos de la IGAE, resulta difícil justificar que estos cambios respondan a circunstancias imprevisibles, especialmente cuando los problemas detectados ya habían sido señalados por el propio contratista en fases tempranas del proyecto.
Además, el informe subraya que la cercanía entre distintos informes técnicos y las modificaciones presupuestarias sugiere que el importe final pudo haberse pactado previamente para situarse justo por debajo del límite del 20 %, evitando así mayores controles administrativos.
Más contratos bajo sospecha en carreteras y autovías
El análisis de la IGAE no se limita a estas dos obras. Entre los contratos examinados aparece también la construcción de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete (La Rioja), adjudicada inicialmente por 92 millones de euros.
Tras dos modificaciones contractuales, el coste final aumentó en 18,46 millones, lo que supone un incremento del 19,98 % respecto al presupuesto original.
Además, el informe cuestiona los criterios de puntuación utilizados para adjudicar algunos contratos, como el tramo de la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río.
Según Hacienda, la valoración técnica realizada por los funcionarios de Carreteras carece de justificación documental firmada, ya que la explicación aparece en un anejo sin firma oficial, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso.
Altos cargos investigados en la Audiencia Nacional
Las revelaciones se producen mientras la Audiencia Nacional mantiene imputados a varios altos cargos del sector de infraestructuras.
Entre ellos figuran:
- Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.
- Javier Herrero, exdirector general de Carreteras.
Ambos están siendo investigados por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados al caso Koldo.
Un escándalo que golpea de lleno al PSOE
El nuevo informe de Hacienda añade presión política a un caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de contratación pública de los últimos años en España.
La investigación apunta a una posible red de intermediación y comisiones en grandes obras públicas, con empresas, cargos políticos y contratos millonarios bajo sospecha.
A medida que avanzan las pesquisas judiciales, la pregunta empieza a tomar fuerza en el debate público:
¿Se trata de simples irregularidades administrativas o de un sistema organizado para inflar contratos públicos al servicio de intereses políticos?
