Israel intenta vetar a 37 ONG en Gaza: el Supremo frena
Una ‘guerra administrativa’ que amenaza con hundir la ayuda
Israel anunció el 30 de diciembre la prohibición de operar en Gaza y Cisjordania (incluido Jerusalén Este) a 37 ONG internacionales —entre ellas Médicos Sin Fronteras, ActionAid, Oxfam Intermón y Save the Children—, alegando que personal de estas organizaciones ‘estuvo involucrado en actividades terroristas’, una acusación que las entidades niegan por falta de pruebas fehacientes.
La medida debía entrar en vigor el 28 de febrero, pero el Tribunal Supremo israelí la paralizó el día anterior de forma temporal al existir un recurso pendiente, liderado por MSF junto a otras 17 organizaciones. Según el texto base, la continuidad de la respuesta humanitaria está en juego: estas ONG han invertido cerca de 500 millones de dólares en ayuda de emergencia.
Qué exigía Netanyahu: datos privados, ‘Estado judío’ y silencio judicial
Para seguir operando, el gobierno de Benjamín Netanyahu pretendía imponer un nuevo registro que incluía la entrega de un listado con información privada de empleados, el reconocimiento de Israel como Estado judío y el compromiso de no denunciar a militares israelíes ante tribunales internacionales. Varias ONG sostienen que el punto de ruptura fue la exigencia de datos personales del personal palestino, por chocar con principios del Derecho Internacional Humanitario y con la legislación europea de protección de datos.
Sin ‘plan B’: el sistema humanitario, al borde
El Equipo Humanitario de País (HTC) advierte que no hay alternativa real si estas organizaciones salen: el sistema colapsaría por falta de actores con su logística y conocimiento del terreno. Las ONG afectadas sostienen el 60% de los hospitales de campaña y su salida implicaría cerrar uno de cada tres centros de salud operativos. Todo ello se sumaría a la destrucción del 94% de los hospitales de Gaza por la ofensiva israelí, según la OMS.
Desde Oxfam Intermón, Bushra Khalidi alerta de que, pese al alto el fuego, ‘las necesidades permanecen extremas’. Recuerda que en Gaza una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día y que las ONG internacionales aportan más de la mitad de la asistencia alimentaria y ‘todos los tratamientos’ para niños con desnutrición aguda severa.
En MSF, el coordinador de emergencias Aitor Zabalgogeazkoa explica la afectación directa: han suspendido apoyo a maternidad y pediatría del Hospital Naser (Jan Yunis). Asegura que hay stock para algunas semanas, pero que buscan vías para introducir medicamentos y mantener la capacidad de respuesta.
El choque con el Derecho Internacional: de la ayuda al ‘cerco jurídico’
El profesor José Enrique Conde Belmonte (UCM) sostiene que negar acceso a ayuda humanitaria siendo potencia ocupante es, según el DIH, un crimen de guerra. Recuerda además el Artículo 59 del IV Convenio de Ginebra, que obliga a aceptar y facilitar proyectos de auxilio si la población está insuficientemente abastecida.
El jurista alerta de una ‘paz negativa’: opresión administrativa que genera víctimas al privar de medios de subsistencia, y menciona el Artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional en relación con actos vinculados a genocidio.
ONU y ONG: ‘criterios vagos’ y el riesgo de borrar testigos
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, calificó la medida de ‘espantosa’ y la enmarcó en un patrón de restricciones ‘ilegales’ al acceso humanitario, tras el golpe previo a la UNRWA. Para la ONU, los criterios israelíes son ‘vagos, arbitrarios y altamente politizados‘.
Las ONG introducen otro elemento incómodo: la expulsión no solo recorta servicios, también reduce observadores externos. Conde Belmonte lo resume así: ‘Primero impidió la entrada a periodistas, luego a la UNRWA y ahora son las ONG’. Desde ActionAid, Soraida Hussein sostiene que la presencia humanitaria ‘documenta abusos y disuade la violencia’, y que apagar esas voces eleva el riesgo para las comunidades.
¿Hacia una ayuda militarizada y privatizada?
ActionAid y Oxfam advierten de un cambio de modelo: del sistema humanitario clásico, basado en gratuidad y neutralidad, a uno con mayor control político y de seguridad. Khalidi alerta del riesgo de centralización bajo supervisión militar o contratistas privados, lo que alteraría cómo se distribuyen alimentos y atención sanitaria.
Mientras se espera una decisión definitiva, las organizaciones barajan seguir operando bajo registro de la Autoridad Palestina y con personal local, aunque asumen incertidumbre: seguridad de los trabajadores palestinos y riesgo de asfixia financiera, incluido el posible bloqueo de transferencias para pagar nóminas.
‘Habrá otra vez hambruna’
Las ONG sostienen que el impacto sería inmediato: menos atención médica, menos tratamientos vitales y más muertes evitables. Desde ActionAid advierten: ‘Habrá otra vez hambruna’. También señalan que hay entidades que proveen casi un millón de platos diarios; si se detiene, sería ‘una catástrofe’.
En el trasfondo, las organizaciones interpretan que Israel, con el respaldo de la administración Trump en EE.UU., busca desmantelar el sistema humanitario en Gaza, creando un precedente que consideran ‘peligroso e inaceptable’ a escala global.
