Llamadas spam eléctricas: el Gobierno las prohíbe por decreto
Fin a la venta agresiva: solo con consentimiento expreso
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para impulsar un nuevo reglamento de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica que, entre otras medidas, prohíbe de forma general las llamadas comerciales tipo ‘spam’ de las eléctricas a los hogares cuando el consumidor no haya pedido expresamente recibirlas.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que el objetivo es frenar la contratación ‘en caliente’. Para ello, antes de firmar un nuevo contrato, las compañías deberán remitir al cliente la documentación en un lenguaje ‘simple y accesible’ para facilitar su comprensión.
El decreto también obliga a que las llamadas sean grabadas y queden a disposición de los usuarios. Además, busca eliminar trabas para cambiar de contrato, recortando penalizaciones y permanencias abusivas. Según Aagesen, las penalizaciones quedarán ‘muy acotadas’ a algunos supuestos y con ‘límites’.
Si las comercializadoras incumplen, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, con multas de 600 000 a 6 000 000 de euros. El organismo competente para sancionar será la CNMC.
Tres ‘capas’ legales y más burocracia: lo que cambia
El Ejecutivo sostiene que el consumidor queda protegido frente al spam por tres vías. Primero, el artículo 66 de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, que reconoce el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas. Segundo, la Ley 10/2025, que establece un prefijo específico para identificar estas comunicaciones, con una exención para comercializadoras eléctricas con menos del 5% de cuota de mercado. Y tercero, este nuevo real decreto, que veta de forma general las llamadas comerciales para vender energía sin petición expresa del usuario.
ANÁLISIS CRÍTICO
El Gobierno vende el decreto como ‘modernización’ del sistema eléctrico y como reequilibrio entre consumidores y comercializadoras. Pero el trasfondo político es evidente: el Ejecutivo presume de mano dura contra el ‘abuso’, mientras multiplica el intervencionismo y el control sobre el mercado con nuevas obligaciones, grabaciones y un régimen sancionador que puede llegar a 6 000 000 de euros. La pregunta incómoda es si esta ofensiva regulatoria acabará reduciendo el acoso telefónico o si, como tantas veces, se traducirá en más burocracia, más costes indirectos y menos competencia real.
En paralelo, el propio marco legal que cita el Gobierno muestra las costuras del sistema: si ya existía el derecho a no recibir llamadas comerciales y se impulsa un prefijo específico (con excepciones por cuota), ¿por qué ha sido necesario otro decreto más? La medida puede gustar al ciudadano harto del spam, pero también abre un debate sobre la eficacia del Estado para hacer cumplir lo que aprueba y sobre el uso político de la regulación como herramienta de propaganda.
