Isabel Rodríguez agita el 155 contra Madrid por vivienda
La ministra acusa a la Comunidad de Madrid de no aplicar la Ley de Vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cargó este miércoles contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP por no aplicar la Ley de Vivienda y llegó a afirmar que ‘le encantaría intervenir con un 155 a la Comunidad de Madrid‘, en referencia al artículo 155 de la Constitución. Según su versión, Madrid ‘no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda’, aunque admitió que ‘no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo’.
En una entrevista en La Hora de la 1 (TVE), Rodríguez insistió en que, si una comunidad ‘no está dispuesta a asumir la competencia’, el Gobierno central ‘lo estaría’, pero recordó que ‘estamos en un Estado social y democrático de derecho’. Sus declaraciones llegan en un contexto en el que, según el CIS, la vivienda se sitúa como el principal problema para los españoles.
Qué implica el 155 y por qué la comparación enciende el debate
El artículo 155, aplicado tras el referéndum ilegal en Cataluña, permite al Ejecutivo adoptar medidas para forzar a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones si actúa contra el interés general de España, pero exige mayoría absoluta del Senado. Rodríguez remarcó: ‘Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado’.
La ministra añadió que ‘le llevan los demonios’ al ver, según ella, que la Ley de Vivienda en Cataluña ‘está permitiendo congelar los precios del alquiler’, mientras que en la Comunidad de Madrid el alquiler ‘está subiendo a dos dígitos’.
Lectura política: del problema de la vivienda al choque institucional
En clave política, el mensaje de Rodríguez abre una polémica de fondo: el uso del lenguaje del 155 como herramienta de presión contra un gobierno autonómico del PP, trasladando al debate de la vivienda una figura constitucional asociada a un episodio extraordinario de crisis territorial. Para la línea dura del Gobierno, la falta de aplicación de su ley justificaría medidas de fuerza; para sus críticos, se trata de un intento de convertir un fracaso de gestión y resultados en un pulso institucional con rédito partidista.
La controversia también pone el foco en el modelo autonómico: el Ejecutivo reclama que las comunidades apliquen su normativa, pero al mismo tiempo sugiere que asumiría competencias si las regiones no lo hacen, tensando la frontera entre coordinación y recentralización.
Aviso a Junts por el ‘escudo social’ y las pensiones
Rodríguez también se pronunció sobre los decretos de subida de pensiones y del llamado escudo social, que se votarán por separado tras ser rechazados en bloque en el Congreso con los ‘noes’ de PP, Junts, Vox y UPN. Advirtió a Junts de que, si tumba el decreto del escudo social como ha anunciado, ‘tendrá que explicarlo a los catalanes’.
Entre los argumentos, defendió que es ‘muy difícil’ votar no a la subida de las pensiones y criticó que se rechacen medidas vinculadas a rehabilitación con deducciones fiscales y ayudas para la factura eléctrica. El Gobierno, dijo, ‘va a pelear’ para que el Congreso no vuelva a tumbar el decreto del escudo social, que incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026, entre otras medidas.
