Una revisión interna del Govern balear ha destapado que entre enero de 2017 y mayo de 2025, la Renta Social Garantizada (Resoga) abonó 2 770 434 € de manera indebida a 604 personas durante la etapa en que Francina Armengol (PSOE) lideraba el Ejecutivo autonómico. La documentación, a la que ha tenido acceso este diario, revela fallos sistemáticos de control, ausencia de protocolos y graves lagunas administrativas en la gestión de estas ayudas destinadas a personas vulnerables.
Cobros irregulares, ausencia de control y un expediente que deja en evidencia la gestión de las ayudas sociales en Baleares
La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear ha detectado que la Renta Social Garantizada (Resoga) realizó pagos indebidos por casi 2,8 millones de euros a 604 beneficiarios entre 2017 y mayo de 2025, sin cumplir los requisitos establecidos. La revisión extraordinaria —que todavía continúa— ha puesto en evidencia un cúmulo de **irregularidades administrativas y fallos graves en la supervisión de estas prestaciones sociales.
Principales causas de los cobros indebidos
Según los documentos oficiales consultados por este medio, las irregularidades más frecuentes detectadas son:
- Ingresos laborales por encima del umbral permitido, que invalidaban la condición de beneficiario.
- Percepción simultánea del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en cuantías iguales o mayores que la Resoga.
- Ingresos procedentes de otras prestaciones incompatibles con la ayuda.
- Movimientos fuera del territorio balear por más de un mes en períodos de 12 meses.
- Falta de inscripción en el padrón municipal.
- Renuncias a la prestación no comunicadas.
- Variaciones en la unidad de convivencia sin informar, lo que reducía el derecho a la subvención.
Suspensiones sin trámite ni notificación
La revisión afecta a 6 437 expedientes suspendidos: 2 380 de Resoga 16 y 4 057 de Resoga 20. El informe detalla que una parte de esas suspensiones —especialmente las realizadas en junio de 2023— fueron ejecutadas sin ningún trámite formal ni documentación que las justificara. La propia resolución reconoce:
“No existe documentación sobre esas suspensiones masivas… ni consta que se remitiesen notificaciones ni se explicaran los motivos.”
Una falta de procedimiento que pone en cuestión la transparencia y legalidad administrativa de la gestión de ayudas.
Inexistencia de protocolos de control
Una de las revelaciones más graves es que, durante la gestión comprendida entre 2015 y 2023, no existieron protocolos escritos de control ni supervisión que regulasen la concesión y seguimiento de estas prestaciones. Tampoco se han encontrado informes de seguimiento más allá de los datos publicados de forma pública.
Los cruces de datos con la Seguridad Social solo comenzaron en junio de 2023, y la primera instrucción formal se redactó casi un año después, el 8 de mayo de 2024 —ya con Marga Prohens como presidenta del Govern— imponiendo revisiones mensuales previas al pago de nóminas.
Recuperación de fondos: apenas un 1 %
Hasta 30 de diciembre de 2025, la administración autonómica ha logrado recuperar apenas 30 023,32 € de los casi 2,8 millones adeudados. Se han iniciado 446 expedientes de reintegro: 45 de Resoga 16 y 401 de Resoga 20, pero la mayoría de los casos siguen pendientes.
La Consejería ha contratado a la empresa NTT Data por 167 910 € para acelerar la revisión de expedientes, con un plazo máximo de ejecución de seis meses desde noviembre de 2025. Pese a ello, el propio informe admite que no puede estimarse siquiera una fecha aproximada para recuperar el total de las cantidades y que, según la ley vigente, los derechos a favor de la comunidad prescriben a los cuatro años.
Desviaciones presupuestarias y reducción de beneficiarios
El análisis de los datos presupuestarios revela que entre 2018 y 2023 el gasto en la Renta Social Garantizada superó sistemáticamente lo presupuestado, con un pico en 2022 en el que se gastaron 17 millones más de lo presupuestado. En la última década, el total ejecutado ascendió a 206,2 millones, con un sobrecoste agregado de 4,8 millones.
El número de beneficiarios también ha descendido: de un máximo de 12 563 en 2019 a 3 601 en noviembre de 2025, en parte como resultado de la revisión y las depuraciones detectadas.
Más control… pero ¿a tiempo?
Actualmente, 13 de los 47 empleados del Servicio de Resoga se dedican exclusivamente a tareas de control y revisión. El Govern prevé aprobar en enero de 2026 el primer plan anual de revisión y reformar la ley autonómica para recuperar requisitos como el de tres años de residencia legal, entre otras medidas para endurecer los controles.
Sin embargo, la magnitud de las irregularidades detectadas plantea serios interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control de las prestaciones sociales en las Islas Baleares, y abre un debate sobre responsabilidades políticas y administrativas que promete tensarse conforme se avance en la investigación.
Conclusión: fallos estructurales y miles de expedientes pendientes
La gestión de la Renta Social Garantizada bajo la presidencia de Armengol queda seriamente cuestionada por:
- Pagos indebidos por millones de euros.
- Falta de controles documentados.
- Procesos de suspensión sin notificación ni procedimiento formal.
- Débil recuperación de fondos públicos.
La revisión continúa, y miles de casos aún deben ser analizados. Las irregularidades ya detectadas ponen de manifiesto fallos estructurales que, según expertos, requieren no solo correcciones técnicas, sino responsabilidades políticas claras.
