La gestión de nóminas se ha convertido en una pesadilla silenciosa para miles de autónomos españoles con empleados. Un nuevo informe internacional confirma lo que muchos ya viven en carne propia: el coste real de tener un trabajador es una incógnita llena de trampas fiscales, sanciones y caos normativo.
Según el Índice Global de Complejidad de Nóminas 2025, España escala posiciones en el ranking de países con mayor carga administrativa y complejidad legal en el procesamiento de nóminas. El estudio, elaborado por Strada, pone cifras a una realidad cada vez más insostenible: más datos exigidos, más riesgo de error y más gasto para quienes generan empleo real.
España entre los países con nóminas más difíciles de gestionar
El informe refleja que la complejidad media de las nóminas ha crecido un 5 % en todo el mundo, pero España ha subido un 7 % solo en los últimos dos años. Aunque aún fuera del top 10 global, nuestro país avanza peligrosamente entre los sistemas más hostiles para la gestión laboral.
Según Santiago Zerolo, experto de Strada, la carga afecta de forma desproporcionada a autónomos y pequeñas empresas:
“Más campos de datos, más declaraciones, más deducciones… Y todo sin medios técnicos ni humanos suficientes. El resultado es más dependencia de gestorías, más tiempo perdido y más errores”.
El coste real del trabajador: un misterio que arruina cuentas
Uno de los datos más alarmantes: la mayoría de autónomos desconoce realmente cuánto cuesta un trabajador. No entienden la diferencia entre el salario neto, el bruto y la carga social que soporta el empleador. Esto distorsiona márgenes de beneficio, decisiones de contratación e incluso la fijación de precios.
“Se siguen pactando sueldos en neto sin calcular bien cotizaciones, horas extra ni retenciones. Luego vienen los sustos”, advierte José Ramón Fernández, secretario de Asefiget.
Esta falta de claridad se traduce en márgenes erróneos, presupuestos mal hechos y un impacto directo en la rentabilidad. Lo peor: muchos autónomos lo descubren tarde, cuando Hacienda ya ha sancionado o el negocio no puede soportar el coste.
Saturación normativa, convenios dispersos y caos administrativo
España sufre una maraña de convenios colectivos autonómicos, provinciales y estatales sin un criterio unificado, lo que multiplica las obligaciones legales y los errores de aplicación.
“Cada sector, cada zona, cada tipo de contrato tiene sus reglas. Y encima cambian constantemente”, denuncia Fernández.
Además, los pequeños empleadores deben hacer frente a modificaciones fiscales continuas, nuevas exigencias tecnológicas y la obligación de registros, PRL y reportes digitales. Todo ello, sin el músculo financiero ni jurídico de una gran empresa.
Digitalización: ¿solución o nuevo problema?
Aunque el Gobierno presume de digitalización, la mayoría de pymes operan con sistemas obsoletos, hojas Excel mal conectadas y sin personal especializado. La falta de integración dispara los errores y limita la automatización real.
“Es un caos cómodo”, resume Zerolo. “Funciona hasta que falla, pero cuesta tiempo, dinero y paz mental.”
La consecuencia: menos empleo, más economía sumergida
Este sistema no premia al pequeño empleador: lo castiga. Las trabas burocráticas, la inseguridad jurídica y la falta de transparencia desincentivan la contratación formal, impulsan el fraude laboral y convierten a los autónomos en objetivo fácil para la inspección.
“O se cambia el sistema o cada vez habrá menos gente dispuesta a contratar”, sentencian desde el sector.
