La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez que deje en libertad con comparecencias y retirada de pasaporte a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos, en un caso que sigue bajo secreto de sumario y salpica a altos cargos, empresas públicas y redes de influencias.
Anticorrupción propone libertad con restricciones para los detenidos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Antonio Piña, que acuerde la libertad con medidas cautelares para Leire Díez —exmilitante socialista y exconcejala—, Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— y Antxon Alonso —empresario y socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar—.
Según fuentes jurídicas, la fiscal Elisa Lamelas ha pedido que se impongan comparecencias periódicas ante el juez y retirada del pasaporte para los tres investigados, que llegaron a la Audiencia Nacional el sábado por la mañana tras ser detenidos previamente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Al no existir otras partes que se opongan a la medida, el juez no podrá decretar prisión preventiva para ninguno de ellos, aunque seguirá manteniendo la causa bajo secreto de sumario.
Los detenidos han comenzado su declaración judicial
A primera hora del sábado, en torno a las 08:30 h, los tres arrestados entraron en la Audiencia Nacional en furgones policiales. Sus declaraciones ante el magistrado comenzaron alrededor de las 10:00 h, en medio de una investigación que Anticorrupción impulsa por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La causa suma registros y requerimientos de información en varias ciudades —incluidas Madrid, Sevilla y Zaragoza— en oficinas y sedes de empresas vinculadas al caso.
Registros y documentación incautada en toda España
La investigación ha llevado a la UCO a realizar registros y exigencias de documentación en múltiples organismos y empresas, entre ellos:
- Forestalia (Madrid y Zaragoza)
- SEPI
- Mercasa
- Conaudure
- Enusa
Además, los agentes también reclamaron documentos a Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, los cuales han facilitado expedientes administrativos “con total colaboración”, según fuentes oficiales.
En total, más de una docena de personas figuran ya como investigadas en estas pesquisas.
Quiénes son los implicados
Leire Díez
Leire Díez, antigua militante socialista y exconcejala, figura como investigada no solo en esta causa, sino también en un procedimiento paralelo en Madrid por cohecho y tráfico de influencias, donde se la acusa de intentar obtener información comprometida sobre mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
En su declaración ante otro juez, Díez afirmó que sus reuniones con altos cargos, incluidas dos con Cerdán, fueron en su calidad de periodista y que no mantuvo vínculos con el PSOE en ese momento.
Vicente Fernández
Nombrado presidente de la SEPI por el Gobierno en 2018, Fernández dimitió un año después tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, del que fue absuelto recientemente. En la causa actual aparece documentación que relaciona pagos de Servinabar a su favor, según consta en informes remitidos por la Hacienda foral de Navarra al Tribunal Supremo.
Antxon Alonso
Alonso, administrador único de Servinabar, está también investigado por el Tribunal Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’, un procedimiento paralelo sobre presuntas irregularidades en obras públicas. En su última declaración, negó haber pagado mordidas a cambio de contratos y afirmó que Cerdán no tenía participación válida en la empresa, pese a documentos privados que indicarían lo contrario.
El contexto judicial y político del caso
La causa principal, tramitada en la Audiencia Nacional, está siendo impulsada por Anticorrupción con la vista puesta en desentrañar una red de influencias, contratos adjudicados de forma presuntamente irregular y posibles pagos encubiertos por medio de empresas como Servinabar.
La investigación no solo ha implicado a exdirigentes y empresarios, sino que también ha requerido la colaboración de instituciones públicas y ministerios para aportar documentación clave que pueda esclarecer los hechos bajo investigación.
Conclusión: libertad con condiciones mientras sigue la investigación
La petición de libertad con medidas cautelares por parte de la Fiscalía Anticorrupción llega en un momento delicado para el caso, que sigue bajo secreto de sumario y puede derivar en ampliaciones de imputaciones a medida que avanza el análisis de la abundante documentación y comunicaciones incautadas.
Aunque Díez, Fernández y Alonso puedan salir de prisión bajo condiciones, la causa continúa abierta y puede salpicar aún a más figuras vinculadas a decisiones de contratación pública y redes de influencia en la política española.
