Interrogatorio a Directivos de Acciona: ¿Corrupción en Adjudicaciones?
El juez Puente avanza en el escándalo de Servinabar
El juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, realiza un avance importante este miércoles al interrogar a dos altos cargos de Acciona, imputados por presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas. Se trata de Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de la constructora, y Tomás Olarte, alto cargo actualmente suspendido, quienes están acusados de realizar pagos del 2% de cada proyecto a Servinabar, empresa ligada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La trama de corrupción bajo la lupa de la UCO
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugiere que la principal fuente de ingresos de Servinabar proviene de múltiples contratos con Acciona, donde Cerdán habría adquirido el 45% de las acciones mediante un contrato no válido. Recientes informes han revelado que Cerdán y amigos como Antxón Alonso, administrador de Servinabar, formaron un acuerdo en 2015, lo que despertó la alarma sobre posibles irregularidades en adjudicaciones.
Este interrogatorio se produce en un contexto en el que Cerdán ya pasó más de cinco meses en prisión preventiva y se relaciona con otra investigación que involucra comisiones por contratos de mascarillas, donde también están implicados figuras como el exministro José Luis Ábalos.
Reuniones sospechosas y pagos ocultos
La UCO ha documentado reuniones secretas en Madrid entre Pelegrini, Cerdán y Alonso, quienes adoptaban medidas discretas para comunicarse, como el uso de anotaciones manuscritas. Este escándalo no solo pone en riesgo la reputación de Acciona sino que plantea preguntas críticas sobre la corrupción en la política y las empresas públicas en España.
Acciona, que ha negado cualquier irregularidad, se encuentra bajo la presión de los investigadores, que han solicitado información relacionada con la documentación incautada en registros realizados en sus oficinas. La situación es una muestra más de cómo el poder político y los intereses empresariales pueden cruzarse de forma alarmante en el ámbito de las obras públicas en nuestro país.
