Nuevas revelaciones destapan que el entramado conocido como la cloaca —vinculado a la militante socialista Leire Díez y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán— mantuvo en marzo una reunión de casi tres horas y media para trazar un plan de blindaje político y judicial en favor de Cerdán, incluso en caso de que fuese imputado, y para diseñar acciones contra la Fiscalía Anticorrupción.
Un encuentro decisivo en plena tensión judicial
Fuentes directas conocedoras de la cita aseguran que el 10 de marzo de 2025, con el informe de la UCO sobre Cerdán ya circulando en ámbitos policiales y judiciales —aunque el Gobierno lo negaba públicamente—, el objetivo era claro:
- Garantizar que Cerdán no colaboraría con la Justicia bajo ninguna circunstancia.
- Desacreditar la labor del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
- Preparar acciones para restar legitimidad a las pruebas obtenidas por la Guardia Civil, especialmente las relacionadas con escuchas.
Temas sobre la mesa: hidrocarburos, corrupción y vínculos políticos
Durante el encuentro se abordaron asuntos sensibles:
- Operaciones de hidrocarburos en Glasgow, Hafesa y Aldama, supuestamente conectadas con redes de corrupción.
- La Operación Sito Miñanco y un caso vinculado al abogado de Carles Puigdemont, señalando que el sistema de escuchas usado por la Policía Nacional y la UCO sería “manipulable”.
- Nombres de altos mandos de la Guardia Civil, como un teniente general vinculado a empresas del sector energético, que según Leire Díez podría ser clave en estas operaciones.
La estrategia pasaba por invalidar las pruebas de escuchas y así tumbar investigaciones abiertas contra miembros del PSOE y su entorno.
Un ataque planificado contra la UCO y Anticorrupción
La reunión también sirvió para detallar la recopilación de todas las diligencias judiciales de los casos de hidrocarburos y del Caso Koldo. Leire Díez identificó como nexo común al teniente coronel Balas —responsable de Delitos Económicos de la UCO— y al coronel Corbí, destituido por el Gobierno en 2018.
Se habló incluso de supuesta “connivencia” de diputados del PP en Andalucía en algunas de estas operaciones, en un intento de construir un relato que debilitara a la Guardia Civil y desviara la atención hacia otros actores políticos.
Archivos, seguimientos y estrategias
Investigaciones previas de Libertad Digital ya habían localizado un archivo central en Google Drive donde la cloaca guardaba carpetas con nombres de jueces, fiscales, mandos policiales y periodistas críticos con el PSOE. Entre los documentos:
- Fichas sobre la UCO y el fiscal Luzón.
- Información de jueces como Manuel García-Castellón (Peinado) y Beatriz Biedma.
- Material para construir denuncias falsas o campañas de desprestigio contra periodistas que investigaban corrupción socialista.
Leire Díez, según las fuentes, incluso se atribuía la decisión sobre qué abogados debían representar a figuras como Koldo García o José Luis Ábalos y aseguraba marcar personalmente las estrategias legales, aunque ya daba por “perdido” al exministro.
Objetivo: control total del daño
Los implicados confiaban plenamente en que Santos Cerdán resistiría cualquier presión mediática o judicial, convencidos de que la “estructura” del PSOE lo respaldaría. El blindaje político, sumado a una campaña para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil, buscaba contener el impacto de las investigaciones por corrupción que amenazan con implicar a altos cargos y empresarios vinculados al partido.
