El presidente izquierdista tacha de “inaceptable” la sanción impuesta por Estados Unidos a magistrados que han perseguido a Jair Bolsonaro. Washington acusa al Supremo brasileño de censura ideológica y abuso de poder.
Washington responde a la dictadura judicial brasileña
La crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos ha escalado drásticamente este viernes tras la revocación de visas a ocho jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenada por el nuevo secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y respaldada por el presidente Donald Trump.
Entre los sancionados están figuras clave como Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli o Flavio Dino, todos ellos señalados por la Casa Blanca como responsables de una campaña sistemática de persecución judicial contra Jair Bolsonaro y su entorno, incluyendo el uso de medidas como el brazalete electrónico y los allanamientos arbitrarios.
Lula defiende al poder judicial politizado
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lejos de asumir la deriva autoritaria de su Corte Suprema, ha reaccionado con indignación y ha calificado la decisión de Trump como “arbitraria e infundada”. En un comunicado oficial, Lula se alineó con los jueces señalados por Washington, afirmando que la medida “viola la soberanía y los principios del respeto entre naciones”.
Pero lo que Lula no menciona es que esos magistrados han convertido el STF en un instrumento político, vetando opositores, bloqueando redes sociales y atacando la libertad de prensa bajo el paraguas del “Estado Democrático de Derecho”.
EE.UU. advierte: no habrá impunidad para los censores
Desde la administración Trump se ha justificado la revocación como una respuesta a los abusos del STF brasileño, especialmente en la causa abierta contra Jair Bolsonaro, exiliado de facto y ahora vigilado electrónicamente. Según Marco Rubio, el Supremo brasileño ha creado “un sistema de censura que viola derechos básicos incluso fuera de sus fronteras”.
El gobierno estadounidense ha dejado claro que no tolerará regímenes judiciales utilizados para silenciar voces conservadoras o interferir en procesos electorales, como ha sucedido en Brasil desde 2019.
Nueva tormenta comercial en el horizonte
Este nuevo choque se suma a una batería de medidas tomadas por Trump contra el gobierno brasileño: arancel del 50% a las importaciones, investigación por prácticas comerciales desleales (incluyendo el sistema Pix), y ahora, sanciones diplomáticas contra miembros del poder judicial.
La política de la nueva Casa Blanca es clara: romper con las complicidades del globalismo judicial y frenar el avance de gobiernos autoritarios disfrazados de democracia.
¿Es Lula un defensor de la soberanía judicial o el protector de una élite togada que persigue a la oposición?
