Fuentes policiales confirman que la promoción de José Ángel González al puesto de mayor poder operativo dentro de la Policía Nacional fue impulsada desde el núcleo más influyente del zapaterismo. Marlaska lo mantuvo en el cargo incluso después de que debía jubilarse.
El caso del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, investigado por agresión sexual, coacciones, malversación y lesiones psíquicas, continúa ampliando su onda expansiva. A medida que avanzan las pesquisas judiciales, salen a la luz detalles cada vez más comprometedores sobre la red de apoyos políticos que situó al ya dimitido mando policial en la cúspide del cuerpo.
Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital señalan que detrás de su nombramiento se encontraban tres figuras clave:
- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.
- Segundo Martínez, comisario jubilado y hombre de absoluta confianza de Zapatero.
- Óscar Puente, actual ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid.
Una relación personal y territorial decisiva
Según altos mandos policiales, Segundo Martínez y José Ángel González mantenían una amistad íntima desde hace años. Ambos coincidieron en Castilla y León: Martínez como jefe superior y González como comisario provincial de Valladolid. Esa ciudad es también el nexo con Óscar Puente, quien gobernó allí durante dos mandatos.
Esa relación fue determinante cuando Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Aunque el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prefería como DAO al comisario Eugenio Pereiro, Zapatero y Martínez —con el aval político de Puente— lograron imponer a González como número dos de la Policía Nacional.
“Son como hermanos. Y ese vínculo, más la interlocución directa entre Zapatero y Sánchez, fue lo que permitió que González escalara hasta el puesto de mayor poder operativo dentro del cuerpo”, señalan fuentes policiales.
Marlaska convirtió al DAO en su hombre de máxima confianza
A pesar de que González no era considerado un policía de perfil ideológico afín al PSOE, fuentes del cuerpo admiten que Marlaska lo mantuvo como su “hombre de confianza” durante ocho años, describiéndolo como “dócil” y fácil de manejar.
En 2024, cuando González debía jubilarse al cumplir 65 años, el Ministerio del Interior aprobó por vía urgente un Real Decreto-ley —supuestamente dedicado a gestionar ayudas por la DANA— que incluía una disposición exprés para eliminar la edad máxima de jubilación del DAO.
Este cambio permitió que González permaneciera en el cargo más allá de lo legalmente previsto.
Una decisión política que ahora agrava la responsabilidad de Marlaska
Fuentes policiales lo explican con contundencia:
“Si Marlaska no hubiera maniobrado para mantenerlo en el puesto, la presunta agresión sexual de abril de 2025 no habría podido producirse. Su responsabilidad política es directa.”
El efecto dominó dentro de la Policía
La caída del DAO arrastró de inmediato a su número dos, Óscar San Juan, mencionado en la querella por presuntas coacciones posteriores a la agresión sexual. Y el escándalo sigue sumando nombres.
Tal y como publicó Libertad Digital, el comisario David Molano, jefe directo de la agente denunciante en la comisaría de Coslada, fue relevado solo dos semanas después de presentarse la querella. Un movimiento llamativo que algunas fuentes interpretan como una posible operación de control interno para evitar incomodidades durante la investigación.
“Este escándalo puede salpicar a más mandos policiales. Molano no es el único movimiento extraño”, apuntan fuentes del cuerpo.
Un nombramiento sostenido desde las sombras
El eje Zapatero–Martínez–Puente se revela como la estructura que impulsó y sostuvo la carrera del DAO, incluso por encima de la voluntad inicial del propio Marlaska. Esa red, unida a la maniobra legal para evitar su jubilación, plantea un escenario político explosivo:
- ¿Quién protegía realmente al DAO?
- ¿Por qué se modificó una ley para prolongar su mandato?
- ¿Qué sabía Interior sobre su comportamiento?
Cada revelación incrementa el coste político para el Gobierno Sánchez, que sigue sin dar explicaciones claras.
