Venezuela: denuncian extorsiones contra el entorno de González

La hija de Edmundo González dice que quisieron forzar una renuncia política

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este lunes haber sido víctima de tres episodios de ‘extorsión’ para que ella ‘obligara’ a su padre a renunciar a su lucha y causa a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

Según su comunicado publicado en X, las presiones habrían provenido de personas vinculadas a autoridades, de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. La denunciante no dio más detalles sobre identidades o cargos, pero aseguró que en las tres ocasiones hubo testigos que escucharon ‘íntegramente’ lo que se le dijo.

Mariana González afirmó que los contactos se produjeron en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente dicen defender los derechos humanos. A su juicio, esto dibuja ‘un patrón de coacción y persecución indirecta’ contra una familia civil, usando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal.

‘Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad’, añadió. También sostuvo que existe un ‘sentimiento de venganza’ contra su esposo, al que considera víctima de ‘un proceso penal sin pruebas’ y de ‘una cruel venganza política’.

ANÁLISIS CRÍTICO

La denuncia coloca el foco en una práctica que el chavismo ha normalizado ante la mirada tibia de demasiados actores internacionales: la detención como moneda de cambio para doblegar a la oposición. El elemento más explosivo del relato no es solo la acusación de coacción, sino los lugares en los que, según ella, se habrían articulado esas presiones: embajadas, ámbitos vinculados al Arzobispado y supuestas oficinas de ONG. Si se confirma, sería una señal alarmante de cómo espacios que deberían ofrecer amparo pueden terminar convertidos en escenarios de presión.

Desde la óptica de una derecha española que no compra propaganda, el caso vuelve a evidenciar el dilema europeo: denunciar retóricamente a regímenes autoritarios mientras se tolera que el coste lo paguen familias y civiles. La acusación de que el expediente contra Tudares carece de testigos y evidencias apunta, además, a un patrón clásico: la judicialización política como herramienta de control.

Por ahora, la denunciante no aporta nombres, pero sí un marco: tres episodios, testigos y lugares concretos. En un país donde la impunidad suele ser regla, el siguiente paso lógico para cualquier actor que se reclame garante de derechos sería exigir aclaraciones y trazabilidad institucional. El silencio, una vez más, también sería un mensaje.