La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue estrechando el cerco en torno al caso Hidrocarburos, un fraude fiscal masivo con un impacto estimado en 182 millones de euros en evasión de IVA, y ha puesto de manifiesto una vez más la implicación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirigía Reyes Maroto en las prácticas irregulares de la empresa Villafuel y su concesión de licencia.
Pese a las defensas del PSOE que niegan cualquier implicación de Maroto en este proceso, la UCO sostiene que el papel de su departamento no puede desvincularse de los hechos investigados y que Industria estaba en posición de conocer la actividad y los movimientos de Villafuel, la mercantil en el centro del escándalo.
Industria no era un espectador: tenía acceso a la información clave
La investigación señala que el Ministerio que lideraba Reyes Maroto no solo recibió información relevante del sector —como precios, volúmenes de comercialización y datos de actividad de las empresas— sino que tenía la obligación legal de procesar y gestionar esa información, lo que implica que debió estar al corriente de posibles irregularidades.
La UCO recalca que aunque el Ministerio no tenía la competencia formal de autorizar las licencias de operador —función atribuida a Transición Ecológica— sí participaba activamente en el control y seguimiento de la actividad del sector, lo que pone en entredicho la versión de no implicación que ha ofrecido el PSOE.
Según la UCO:
- Las empresas autorizadas estaban obligadas a remitir periódicamente información al Ministerio de Industria, incluida información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización.
- Las comunidades autónomas debían comunicar a Industria cualquier modificación registral de estas compañías.
- Este flujo de datos coloca al Ministerio en una posición en la que no solo debió tener acceso a información clave, sino que tenía deber de supervisión y análisis.
Villafuel y el fraude que desencadenó la investigación
El caso Hidrocarburos gira en torno a una presunta trama criminal destinada a eludir el pago del IVA mediante una empresa —Villafuel— que declaró que su combustible no sería vendido en España, para luego colocarlo en el mercado interior. Villafuel obtuvo la licencia con interferencias políticas, según la UCO, empezando por gestiones ante el propio Ministerio que dirigía Maroto.
La investigación ha ido sumando implicados conocidos, incluidos políticos como José Luis Ábalos, y empresarios vinculados a la trama. Pero la UCO insiste en que no puede descartarse la responsabilidad funcional o política de Industria, ya que su participación en la recopilación y tratamiento de datos del sector era un elemento central del seguimiento del mercado hidrocarburífero.
Maroto negó vínculos, pero la UCO mantiene la sospecha
Desde el PSOE se ha defendido que Reyes Maroto no tuvo protagonismo directo en la concesión de licencias ni en las decisiones clave. Sin embargo, la UCO rechaza esa interpretación al citar normas que obligaban a Industria a recibir, tratar y difundir información sectorial que, de haberse analizado debidamente, debería haber alertado sobre prácticas irregulares.
La UCO apoya su argumentación en el artículo 42.3 de la Ley 34/1998, que obliga a las empresas operadores a comunicar al Ministerio el inicio de actividad y cualquier modificación relevante. Esto, según los investigadores, convierte al Ministerio en un actor que no solo debía conocer el funcionamiento de Villafuel, sino también los indicios de irregularidades.
Traducido a términos prácticos: si Industria recibía y gestionaba datos del sector —como exige la ley—, entonces debió estar en posición de conocer las actuaciones sospechosas de Villafuel y, al menos, activar mecanismos de revisión o alerta que habrían podido limitar el fraude antes de alcanzar los 182 millones de euros.
El caso no cede: nuevas líneas de investigación y más implicados
La UCO mantiene la pesquisa y apunta a que la investigación sigue incorporando indicios que relacionan a altos cargos y funcionarios de varios ministerios —incluido Industria bajo Maroto— con la trama que permitió que Villafuel operara de manera irregular y con soporte político.
En el conjunto de oficios, atestados y seguimientos ya incorporados a la causa, los investigadores han señalado que no solo existió una posible penetración de la organización en niveles ejecutivos del Ministerio de Transporte y otros, sino que la actividad de Industria y su acceso a información clave deben formar parte del análisis judicial definitivo.
La participación de Reyes Maroto en este caso ha sido desestimada por fuentes socialistas, aunque la UCO considera que su departamento no estaba al margen de los hechos y que, al gestionar datos fundamentales del mercado de hidrocarburos, debió conocer los movimientos de Villafuel que desembocaron en el multimillonario fraude de IVA.
