Trenes: Sánchez dice asumir ‘todas’ responsabilidades y el PP exige auditoría
46 muertos y una crisis que rompe la tregua política
La tregua política tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) se ha roto. El presidente Pedro Sánchez asegura que el Gobierno asume ‘todas’ las responsabilidades, mientras el PP anuncia una auditoría independiente y pide su comparecencia en el Congreso. En total, han fallecido 46 personas: 45 en Córdoba y 1 en Barcelona.
Sánchez hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Bruselas, tras una reunión de líderes de la Unión Europea, en su primera comparecencia pública tras los siniestros. Reconoció que el daño es irreparable y prometió apoyo a las víctimas, insistiendo en que el Ejecutivo actuará con rigor técnico y máxima transparencia. También defendió que la alta velocidad es uno de los principales orgullos del país y dijo que trabajarán para restablecer la confianza ciudadana.
El Gobierno pide «lealtad» mientras crece la presión
El ministro Félix Bolaños apeló a mantener la lealtad institucional y el respeto a las víctimas, en declaraciones desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros de Justicia e Interior. En paralelo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz pidió respeto y silencio hasta conocer qué ocurrió exactamente en Adamuz, remarcando que ‘no vale todo’ en política.
Desde Sumar, el diputado Enrique de Santiago reclamó aumentar las inversiones en ferrocarriles y advirtió contra fiarlo todo a la alta velocidad. Aseguró que España está a la cola en inversión de mantenimiento ferroviario por kilómetro y puso como ejemplo que en Córdoba no hay líneas de Cercanías.
PP, Vox y Podemos elevan el choque político
El PP ya había anunciado que pedirá una auditoría independiente del trazado de la alta velocidad y de los contratos de obras en los tramos relacionados con Adamuz y Rodalies, citando vínculos con personas implicadas en posibles casos de corrupción. Además, solicita la comparecencia de Sánchez, del ministro Óscar Puente y del presidente de Adif.
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, preside una reunión del equipo de seguimiento sobre la crisis ferroviaria con el vicesecretario Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y expertos en gestión ferroviaria. Tras el encuentro, comparecerá para valorar el momento del país, en su primera declaración tras el fin del luto oficial por Adamuz.
Por su parte, Vox, a través de Javier Ortega Smith, advirtió de que el responsable de Adamuz se sentará ‘en el banquillo’ y deslizó que Óscar Puente tiene ‘muchas papeletas’. Podemos, con Ione Belarra, criticó la falta de celeridad para aclarar las causas y sostuvo que la incertidumbre alimenta la inseguridad en servicios públicos, acusando a la derecha de intentar capitalizarla; además, volvió a cargar contra la privatización del sector ferroviario.
Análisis crítico: responsabilidades, auditorías y el problema de fondo
El Gobierno repite el marco de unidad institucional y transparencia, pero la presión política se centra ya en algo más concreto: quién decide, quién contrata, quién supervisa y quién mantiene. Cuando el Ejecutivo habla de asumir ‘todas’ las responsabilidades, la oposición exige que esa fórmula se traduzca en explicaciones en sede parlamentaria y en una auditoría independiente que examine infraestructura y contratos de los tramos implicados.
En un país que presume de alta velocidad, el debate que aflora no es solo técnico: es político y de gestión. Las llamadas a ‘esperar’ contrastan con el reclamo de respuestas rápidas de una ciudadanía que, tras 46 muertes, reclama claridad sobre causas y fallos sin refugiarse en eslóganes. La batalla por el relato ya está en marcha y, con ella, la exigencia de que la transparencia prometida tenga calendario, datos y responsables.
