El Supremo respalda al fiscal que enfrenta un juicio polémico
¿Justicia o protección política?
El Tribunal Supremo ha decidido no suspender a Álvaro García Ortiz de su cargo como fiscal general del Estado, a tan solo cinco días del inicio de su juicio. Ortiz se enfrenta a acusaciones de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, y podría enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
Un vacío legal cuestionable
La Sala de Apelación del TS ha validado la decisión del magistrado Ángel Hurtado, quien desestimó el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En su decisión, Hurtado declaró que no existe marco legal que permita la suspensión del fiscal general, lo que plantea dudas sobre si este respaldo responde a una defensa de la independencia judicial o si, por el contrario, huele a protección institucional.
Esta controversia en torno a la figura del fiscal general del Estado no solo revela un posible vacío legal, sino que también abre el debate sobre la imparcialidad de las instituciones en casos donde hay implicaciones políticas tan evidentes. ¿Es correcto que un funcionario en medio de un juicio continúe ejerciendo su cargo?
