La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha lanzado una ofensiva directa contra las pequeñas y medianas empresas españolas. Más de 37 000 empresas han recibido una notificación oficial: disponen de 30 días para regularizar 77 210 contratos temporales y fijos discontinuos, o se expondrán a duras sanciones económicas. Esta medida forma parte del II Plan Especial de Choque contra el Fraude en la Contratación Laboral, vinculado al Plan Estratégico 2025–2027 del Gobierno.
Advertencia a las pymes: regularizar o enfrentar inspecciones
El aviso no deja lugar a dudas: si las empresas no modifican voluntariamente los contratos identificados como irregulares dentro del plazo establecido, la ITSS iniciará actuaciones inspectoras que podrían desembocar en multas elevadas y exigencias de conversión obligatoria a contrato indefinido.
Con esta campaña, el Gobierno apunta directamente al tejido empresarial más frágil del país: las pymes, responsables de la mayor parte del empleo en España, pero también las más vulnerables a cambios legislativos y presiones burocráticas.
Cómo actúa la Inspección: datos cruzados, notificaciones y sanciones
El procedimiento de la ITSS se basa en cruces masivos de datos entre empresas, tipos de contrato y duración real de la relación laboral. Cuando se detectan porcentajes de temporalidad por encima de lo permitido o uso abusivo del contrato fijo-discontinuo, se emite un aviso previo. Si no hay respuesta o transformación voluntaria, se abre expediente sancionador.
Estas inspecciones no se basan en visitas arbitrarias, sino en análisis estadístico y automatizado. De hecho, durante 2024, ya se realizaron más de 44 000 actuaciones, con un resultado de 5 370 infracciones y más de 5,8 millones de euros en multas. Se transformaron 77 787 contratos temporales en indefinidos y 89 959 contratos fijos discontinuos en contratos ordinarios.
El margen legal: cuándo un contrato temporal es fraude
La normativa actual solo permite contratos temporales en situaciones muy concretas:
- Por circunstancias de la producción:
- Hasta 90 días si son previsibles.
- Hasta 6 meses prorrogables a un año si son imprevisibles y lo permite el convenio.
- Por sustitución: solo válido hasta el regreso del trabajador sustituido.
En el caso de los fijos discontinuos, si el trabajador ha estado de alta más del 85 % del año, se presume que no se trata de una relación intermitente, sino de un empleo indefinido a tiempo completo, lo que obligaría a cotizar y pagar de forma continuada.
Consecuencias si no se actúa a tiempo
Las empresas que no reaccionen en el plazo de 30 días podrán ser objeto de sanciones de hasta 1 000 euros por contrato irregular, además de recargos en cotizaciones, reclamaciones por parte del trabajador y la obligación forzosa de hacer indefinidos esos contratos. En los casos de negativa a colaborar con la Inspección, las sanciones pueden alcanzar los 150 000 euros, como ya ha ocurrido con algunas pymes en ejercicios anteriores.
¿Medida de justicia laboral o nuevo castigo al empresario?
Mientras desde el Ejecutivo se vende este plan como una medida para reducir la precariedad, muchas voces críticas apuntan que esta ofensiva pone en jaque la flexibilidad empresarial y convierte al empleador en blanco constante de presiones regulatorias. En lugar de fomentar el empleo estable, se impone un clima de miedo, burocracia y desconfianza hacia los pequeños empresarios.
La ITSS lo deja claro: no existe obligación inicial de sancionar, pero si no hay respuesta al requerimiento, se abrirán inspecciones provinciales y se aplicarán multas. En los casos más graves, incluso podría sospecharse dolo o mala fe, elevando la gravedad de la infracción.
¿Está su empresa preparada?
Miles de empresarios se enfrentan a una decisión urgente: revisar su plantilla y regularizar contratos en apenas un mes o quedar expuestos a sanciones que podrían comprometer su estabilidad. La recomendación es clara: actuar ya, consultar con asesores laborales y evitar riesgos innecesarios.
