El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un reglamento que endurece las normas para la contratación de trabajadores en formación por parte de pymes y autónomos. A partir de ahora, muchas empresas pequeñas deberán revisar sus planes de contratación —o renunciar a nuevas incorporaciones formativas— si quieren cumplir con los nuevos límites.
Qué cambia: límites según tamaño del negocio
El nuevo reglamento establece topes concretos al número de contratos en formación que cada empresa puede tener, en función de su plantilla:
- Empresas con hasta 10 trabajadores: máximo 3 contratos en formación.
- De 11 a 30 trabajadores: hasta 7 contratos.
- De 31 a 50 trabajadores: hasta 10 contratos.
- Más de 50 trabajadores: no podrán superar el 20 % del total de la plantilla.
Hasta ahora, muchas pymes podían acoger a varios trabajadores en prácticas sin restricciones claras; con el cambio, ese margen se reduce drásticamente.
Otras condiciones clave del nuevo reglamento
Además del límite cuantitativo, el reglamento introduce nuevas exigencias:
- Las tareas desempeñadas por los trabajadores en formación deben estar relacionadas con su titulación o especialidad.
- No se puede firmar más de un contrato formativo en el mismo nivel y sector para una misma persona.
- En contratos de formación en alternancia, la jornada efectiva no podrá superar determinados porcentajes del total: 65 % el primer año, 85 % el segundo.
- La remuneración mínima debe respetar al menos el Salario Mínimo Interprofesional, proporcional al tiempo trabajado.
- Se endurecen los requisitos para las empresas que acogen becarios —no podrán usar esa figura para sustituir trabajadores, y deben garantizar formación real, no tareas productivas.
- En caso de becarios sin remuneración, la empresa deberá compensar desplazamientos, manutención o alojamiento cuando proceda.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es proteger a los jóvenes en formación, asegurar que trabajan en condiciones dignas y evitar abusos laborales bajo la apariencia de “prácticas”.
Impacto para pymes y autónomos
Para muchos negocios —especialmente los de pequeño tamaño— las nuevas reglas suponen un golpe al tradicional uso de contratos formativos como mano de obra de bajo coste y flexible.
- Las empresas pequeñas podrían verse obligadas a limitar drásticamente las contrataciones en formación.
- En sectores como hostelería, comercio o servicios —donde los contratos en prácticas eran frecuentes— la reducción de la plantilla de formación podría encarecer los costes laborales.
- Algunos negocios podrían renunciar por completo a contratar en formación, perdiendo una vía de entrada de jóvenes trabajadores.
Para quienes acaben manteniendo a trabajadores en formación, las condiciones suponen una mayor carga administrativa y regulatoria, y en muchos casos —salvo plantilla grande— una imposibilidad práctica de usar este tipo de contratos.
Por qué el Gobierno da este giro
La reforma responde a una demanda social de acabar con lo que muchos denuncian como abusos en el uso de becarios y contratos de formación: trabajos reales por bajo coste, sin derechos, con jornadas completas. El Gobierno pretende asegurar que la formación sea real y digna, no una vía de precariedad.
Para ello, además de los límites, reclama que las empresas que contratan en formación cumplan requisitos más exigentes, y prevé un control más estricto por parte de la inspección laboral.
La nueva normativa aprobada por Yolanda Díaz marca un antes y un después para las pymes y autónomos. Lo que muchos veían como una oportunidad para contratar jóvenes y reducir costes, ahora se convierte en un desafío: cumplir con un reglamento más duro, menos márgenes de maniobra y costes más elevados.
Para algunas empresas pequeñas, el contrato en formación —antes visto como solución económica— puede convertirse en insostenible. La pregunta que muchos emprendedores se harán en los próximos meses: ¿resulta rentable seguir contratando formación o sale más a cuenta ajustar la plantilla y salarios convencionales?
Este cambio será especialmente duro en sectores con alta rotación y dependencia de mano de obra joven. El riesgo: menos empleo juvenil, más precariedad real y una carga mayor para quien quiera emprender.
