En una jugada sin precedentes en democracia, el Partido Socialista ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de que jueces y magistrados puedan ser apartados del ejercicio si se pronuncian “políticamente” contra instituciones públicas o sus representantes.
Según los socialistas, esta propuesta busca preservar la “imparcialidad del Poder Judicial” y evitar lo que denominan como “judicialización de la política”. Sin embargo, el trasfondo es alarmante: en plena tormenta judicial contra el propio PSOE por presunta financiación ilegal y con varias causas abiertas que afectan a miembros del Gobierno, esta iniciativa ha sido vista por juristas, analistas y opositores como una amenaza directa contra la independencia judicial.
¿Una justicia neutral o sumisa?
El texto establece que cualquier juez podrá ser apartado si manifiesta opiniones políticas contrarias a instituciones públicas. Es decir, si un juez critica en una entrevista una ley del Gobierno, publica un artículo jurídico con enfoque político, o emite un fallo con lenguaje interpretado como crítico, podría ser recusado o apartado del caso.
Lo más preocupante es la ambigüedad de la norma: ¿qué constituye una “opinión política”? ¿Hasta dónde llega el derecho del juez a opinar como ciudadano? Esta reforma abre la puerta al castigo por pensamiento y expresión, cuando precisamente el Poder Judicial debe gozar de independencia no solo funcional, sino intelectual y crítica.
Análisis jurídico: erosión de la separación de poderes
Desde el punto de vista jurídico, esta reforma atenta contra los principios fundamentales del Estado de Derecho. El artículo 117 de la Constitución Española garantiza que los jueces son independientes, responsables e inamovibles, sometidos únicamente al imperio de la ley. Lo que propone el PSOE rompe este principio, estableciendo una suerte de censura previa sobre el pensamiento del juez.
Además, se introduce un riesgo de censura: los jueces que estén instruyendo causas sensibles contra el Gobierno o sus aliados políticos podrían ser acusados de “sesgo político” y apartados de los casos. Esta maniobra no solo erosiona la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial, sino que convierte al poder político en juez de los jueces.
¿Por qué ahora?
El contexto no es inocente. El PSOE y Pedro Sánchez están bajo presión por múltiples investigaciones judiciales: pagos en efectivo a dirigentes, contratos públicos bajo sospecha, y la sombra creciente de un esquema de corrupción institucional. Presentar esta reforma en este momento es, a ojos de muchos, una maniobra desesperada para blindarse judicialmente y anular voces incómodas dentro de la judicatura.
Consecuencias institucionales y democráticas
Esta reforma tendría un efecto devastador sobre:
- La independencia judicial: crea un mecanismo para purgar jueces incómodos, sobre todo los que han demostrado independencia frente al poder.
- La acción popular: se restringe también la capacidad de partidos políticos y organizaciones de ejercer la acusación popular, lo que debilita aún más los mecanismos de control ciudadano.
- La confianza en la democracia: si los jueces tienen que temer por su cargo cada vez que critican al poder, se acaba el equilibrio entre poderes.
Opinión de Zero Censura
Esta propuesta es el mayor ataque a la independencia judicial desde el fin del franquismo. Lo que el PSOE pretende, bajo un barniz de “neutralidad institucional”, es controlar a los jueces, silenciar las críticas y crear un entorno de impunidad. Si el Gobierno logra avanzar en esta dirección, España no será ya una democracia plena, sino una democracia intervenida por el poder político.
Hoy, el problema no son los jueces que opinan. El verdadero peligro está en los gobiernos que no aceptan ser juzgados. Por eso, esta ley no puede pasar desapercibida: es deber de todos los ciudadanos, juristas y demócratas rechazar esta deriva autoritaria y defender con firmeza la libertad de los jueces, porque defender su independencia es defender la nuestra.
