El Gobierno portugués acelera la ampliación de plazas para inmigrantes indocumentados con contenedores prefabricados en Oporto. El plazo de la UE vence el 12 de junio y aún no se ha lanzado la licitación.
Carrera contrarreloj para cumplir con Bruselas
La Polícia de Segurança Pública (PSP) invertirá 800 000 euros en la instalación de módulos prefabricados para ampliar la capacidad de alojamiento de inmigrantes en situación irregular en Portugal.
La medida responde a la entrada en vigor, el próximo 12 de junio, del Unión Europea Pacto sobre Migración y Asilo, que obliga a los Estados miembros a disponer de centros de acogida y retención adecuados.
Sin embargo, el procedimiento de licitación pública aún no ha sido lanzado, lo que plantea dudas sobre si el Ejecutivo llegará a tiempo. Fuentes oficiales de la PSP aseguran que “como era previsible, sí”.
80 camas en contenedores: solución provisional
El plan contempla ampliar la Unidad de Vivienda Santo António (UHSA), en Oporto, mediante la instalación de 80 nuevas camas en estructuras modulares prefabricadas.
Actualmente, la unidad dispone de 29 plazas operativas —siempre ocupadas— y con la ampliación alcanzaría un total aproximado de 160 camas. No obstante, la cifra sigue lejos del objetivo europeo de 300 plazas mínimas exigidas.
El recurso a módulos temporales responde a la imposibilidad de finalizar a tiempo los dos centros anunciados en 2024, uno en el norte del país y otro en Lisboa.
Fracaso del PRR: 30 millones perdidos
La ampliación se financiará con fondos propios de la PSP, después de que Portugal perdiera 30 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) al no ejecutar el proyecto dentro de los plazos establecidos.
En febrero se firmó el protocolo inicial con presencia del primer ministro Luís Montenegro, pero la incapacidad administrativa para cumplir los calendarios europeos dejó sin efecto la financiación comunitaria.
El resultado: más presión presupuestaria interna y una solución provisional de emergencia.
Seguridad, repatriaciones y vigilancia reforzada
La infraestructura no solo debe alojar temporalmente a inmigrantes irregulares, sino también garantizar:
- Atención médica
- Asistencia jurídica
- Mediación social
- Alimentación y mantenimiento
- Seguridad permanente
Para esta última función se prevé el despliegue de 65 profesionales, incluidos posibles vigilantes privados.
Portugal también mantiene coordinación con la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), Seguridad Social, embajadas, organizaciones no gubernamentales y Frontex, además de mecanismos de supervisión como la Inspección General de la Administración Interna (IGAI).
Un debate que divide a Portugal
El Ejecutivo ha defendido que “si el Estado establece normas, debe hacerlas cumplir”, subrayando que estos centros servirán tanto para garantizar condiciones dignas de estancia temporal como para facilitar la detención y eventual repatriación de quienes no cumplan los requisitos legales.
La cuestión vuelve al primer plano tras episodios como la llegada de 38 ciudadanos marroquíes al Algarve el pasado verano, que reavivó el debate sobre el control fronterizo y la capacidad de acogida.
El trasfondo es claro: Portugal no dispone hoy de plazas suficientes para gestionar los expedientes de expulsión o regularización conforme al nuevo marco europeo.
¿Improvisación o responsabilidad institucional?
La ampliación mediante contenedores evidencia la tensión entre las exigencias de Bruselas y la capacidad real del Estado portugués para ejecutar infraestructuras complejas en plazo.
Mientras el reloj avanza hacia el 12 de junio, la pregunta permanece sobre la mesa:
¿Es esta solución modular un parche temporal o el reflejo de una política migratoria sin planificación suficiente?
