La organización de autónomos principal en España pide que la prestación por cese de actividad se reconozca de forma automática para los trabajadores por cuenta propia, y condiciona su interlocución con la Seguridad Social a que ésta acepte la reforma oportuna antes de plantear subidas de cuotas.
Desde 2019, todos los autónomos cotizan obligatoriamente por el cese de actividad. No obstante, ATA denuncia que seis de cada diez solicitudes son denegadas. En otras palabras, más del 60% de los autónomos que echan la persiana no acceden a una prestación por la que han pagado mensualmente.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido claro: acudieron a la mesa de diálogo únicamente bajo el compromiso de no negociar una subida de cuotas para 2026, sino una reforma estructural del sistema. La propuesta de la Seguridad Social, recibida a principios de esta semana, ha sido considerada insuficiente por la federación, ya que apenas reduciría las denegaciones al 40%, una cifra aún muy lejana de la que presentan los asalariados.
Diez propuestas para un sistema justo
Entre las medidas que propone ATA, destacan las siguientes:
- Reconocer el derecho al paro automáticamente tras la baja en el RETA y el cierre del negocio.
- Eliminar los excesivos requisitos de prueba documental, considerados una “presunción de fraude”.
- Reformar el modelo para que no se exija demostrar causas económicas severas que muchas veces no se pueden acreditar fácilmente.
- Mantener las actuales cuotas o, en su caso, vincular cualquier subida al IPC.
ATA insiste en que ningún autónomo cierra su negocio por gusto o para cobrar 700 euros al mes, y considera ofensivo que el sistema parta del supuesto de que podrían estar simulando el cierre para recibir la prestación.
Un derecho aún pendiente
A día de hoy, la mayoría de los autónomos que cierran sus negocios no pueden acceder al paro pese a haber cotizado por ello. Este hecho, según ATA, es una injusticia que “castiga al emprendimiento” y deja a miles de profesionales sin red de seguridad en momentos críticos.
La federación considera que una reforma profunda del cese de actividad es indispensable para lograr un sistema de protección social más justo, y advierte que no apoyará ninguna modificación del régimen de cotización que no contemple este cambio como prioritario.
