Los Mossos d’Esquadra han procedido este miércoles al desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona (Barcelona), un edificio que llegaba a albergar a unas 400 personas, la mayoría de origen inmigrante, y que se había convertido en un asentamiento okupa. La operación se ha desarrollado por la mañana tras una orden judicial y continuará con la demolición del inmueble, según ha decidido el Ayuntamiento.
Desalojo en marcha
Antes de las siete de la mañana, un importante despliegue de furgones de la policía autonómica se desplazó hasta el entorno del instituto B9 para establecer un cordón de seguridad alrededor del edificio. Aunque las fuerzas actuaron temprano, han esperado a que fuese totalmente de día para iniciar el desalojo, en cumplimiento de la orden del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, que autorizó al Ayuntamiento a recuperar la propiedad.
El desalojo se realiza por petición expresa del Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el Partido Popular, que ha decidido demoler el edificio tras recuperar su control. La orden judicial fue dictada el pasado 12 de diciembre y da cobertura legal a la intervención policial.
Situación de los ocupantes
Muchas de las personas que vivían en el B9 abandonaron el lugar en las horas previas a la llegada de los Mossos, aunque unas 200 personas permanecían en el interior cuando comenzaron las labores de desocupación. Tanto dentro como en los alrededores, grupos de apoyo, entidades sociales y vecinos se concentraron para seguir el desarrollo del desalojo, que en algunos momentos registró tensión entre manifestantes y agentes.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, publicó en su cuenta de X que el operativo se había puesto en marcha tal y como se había comprometido: “Empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona”, junto a un vídeo con la llegada de los furgones policiales.
Reacciones sociales y vecinales
La noticia del desalojo ha generado respuestas desde distintos sectores. La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió un comunicado en el que describía la “situación descorazonadora” de quienes vivían en el B9: muchas personas sin papeles, sin trabajo y sin un techo donde vivir. La FAVB resaltó la urgencia de políticas sociales y un plan de vivienda que aborde el creciente problema de personas sin hogar en la ciudad.
“No es un problema solo de inmigración, es un problema de pobreza”, señalaron desde la federación, subrayando que no todos los afectados por la falta de vivienda son inmigrantes, pero sí comparten una condición de vulnerabilidad económica. También destacaron que la convivencia se había deteriorado en las zonas cercanas al B9 a medida que aumentaba el número de ocupantes.
Próximos pasos
Con la retirada de los ocupantes y la recuperación formal del edificio por parte del Ayuntamiento, se ha anunciado que el antiguo instituto será demolido próximamente. Las autoridades locales han reiterado que esta decisión se enmarca en un plan más amplio de ordenación urbana y seguridad.
El desalojo del B9 se produce en un contexto de creciente debate sobre la gestión de ocupaciones, la atención a personas sin hogar y las políticas de vivienda social en Cataluña y el resto de España. Las reacciones a la operación reflejan la complejidad de abordar estos desafíos, que combinan aspectos de legalidad, derechos sociales y convivencia ciudadana.
