Argentina pone fin a las pensiones truchas que drenaban el erario público. El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha suspendido o dado de baja más de 80 000 pensiones por invalidez laboral tras una auditoría nacional que destapa lo que podría ser uno de los mayores escándalos sociales heredados del populismo kirchnerista.
Fraude masivo y sistema podrido
Según los datos revelados por el operativo, más del 60 % de los convocados no se presentó a la evaluación médica obligatoria. El resultado: 65 230 suspensiones por inasistencia, 8 207 renuncias voluntarias y 6 643 bajas por fallecimiento.
La investigación también arrojó datos escandalosos: certificados clínicos falsos, radiografías clonadas, personas fallecidas cobrando pensiones, identidades suplantadas e incluso detenidos que seguían cobrando ayudas. Un aparato corrupto que durante años desangró las arcas del Estado argentino mientras los verdaderos discapacitados eran relegados.
Fin a los enchufados del sistema
Desde el Gobierno de Milei señalan que la auditoría tiene un doble objetivo: recortar el gasto público malversado y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. «No vamos a seguir financiando una red de vagos y vividores que usaban la discapacidad como pantalla, cuando hay miles de argentinos con necesidades reales que sí merecen ser atendidos», señaló una fuente oficial.
Ahorro millonario y justicia social
El recorte podría suponer un ahorro estimado de 23 000 millones de pesos (unos 21 millones de euros), en una Argentina asfixiada por la deuda, la inflación y los privilegios de una casta que, durante años, utilizó el sistema de pensiones como caja política.
El mensaje es claro: el clientelismo se termina. Con esta decisión, Milei lanza una advertencia a toda la estructura heredada del kirchnerismo: el Estado no está para sostener vagos, sino para asistir al que realmente lo necesita.
