El Gobierno aprueba una controvertida ley de enjuiciamiento criminal
Los fiscales asumen el control de las investigaciones penales
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (Loecrim), que sustituye la archaica normativa de finales del siglo XIX. Esta ley ha generado un intenso debate debido a que las investigaciones penales pasarán a estar bajo la dirección exclusiva de los fiscales. Este cambio se presenta como una modernización y una tentativa de europeizar nuestro proceso penal, aunque su implementación despierta dudas sobre el fortalecimiento de las garantías legales.
ANÁLISIS CRÍTICO
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró tras la reunión del consejo que la nueva ley busca mejorar nuestro sistema. Sin embargo, muchos críticos señalan que este modelo podría concentrar el poder en manos de la Fiscalía, lo que podría amenazar la imparcialidad del sistema judicial. Las reformas anteriores de 2011 y 2013, bajo gobiernos socialistas y populares, ya habían intentado esta senda de cambios, pero los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos. Este nuevo enfoque plantea la incógnita de si realmente estamos avanzando hacia una justicia más eficaz o si, por el contrario, estamos facilitando un control férreo que podría perjudicar a los derechos de los ciudadanos.
